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Según publica el portal digital Vangurdia.com.py , la Cámara de Apelaciones anuló la resolución con la cual el juzgado había dispuesto la prisión de Francisco Pérez, ordenando el arresto del mismo. Los familiares de la víctima reclaman que se le haya otorgado medidas al procesado, cuando la causa es caratulada como homicidio doloso. La Fiscalía anuncia una apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
Según los antecedentes, el 10 de octubre, Pérez Fernández y su secretario Robert Barúa Sosa, de 28 años se encontraban cargando mercaderías en el vehículo del primero, en el predio de la Aduana. En un momento dado un disparo impactó en la cabeza de Barúa, quien murió al instante. En un principio, se dijo que se trató de un accidente.
La investigación penal del homicidio doloso estuvo a cargo de la fiscal Natalia Montanía, quien cuenta con la coadyuvancia de su colega Juliana Giménez. La defensa de Pérez Fernández había solicitado el cambio de la calificación penal a homicidio culposo y la revocación de la prisión, pero la Fiscalía se opuso y el juzgado a cargo de Teresita Cazal rechazó el pedido.
Ante esto, la defensa del procesado recurrió a la Cámara de Apelaciones, donde lograron anular la resolución de Cazal. Los miembros del tribunal Guido Melgarejo y Lorenzo Rodríguez, fueron quienes votaron a favor de la anulación como pidió la defensa, alegando que se incorporaron nuevos elementos a la investigación. En tanto, la tercer miembro, Marta Acosta votó en disidencia.
Al anularse la resolución, el 23 de diciembre pasado, por la mayoría de los miembros de la mencionada cámara, la jueza de Norma Gamarra firmó otra resolución haciendo lugar al pedido de la defensa, disponiendo la sustitución de la prisión que pesa contra el encausado por un arresto domiciliario. Para la Navidad, Pérez Fernández ya estaba libre.
La fiscal Natalia Montanía, explicó que no se puede otorgar medidas en caso de crimen y la causa sigue caratulada como homicidio doloso, teniendo en cuenta que la investigación en torno está en pleno proceso. Anunció que pedirán ante la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad de las resoluciones de la cámara como la de Norma Gamarra.