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A las 07:00 de este jueves se realizó la audiencia de revisión de medidas aplicadas al jefe comunal, quien se encontraba detenido en la Comisaría 1° de Caacupé desde hace varios días. En la ocasión, la defensa de Balbuena presentó el informe remitido por la Contraloría General de la República (CGR) sobre falta de rendición de cuenta en el uso del dinero de Fonacide en la Municipalidad de Santa Elena, en el cual conceden nuevamente 10 días de plazo el intendente para realizar su descargo.
Cabe recordar que el ente contralor en setiembre de 2014 había dado ya 10 días para que la administración del intendente liberal demuestre documentación sobre el uso del dinero público, lo que no sucedió.
Con este informe, más un certificado que avala que Balbuena es propietario de un inmueble, una fianza real de G. 1.000 millones del intendente y otra de G. 200 millones de su abogada Susana Rodriguez, el juez Paublino Escobar resolvió conceder libertad ambulatoria al jefe comunal, con la sola prohibición de salir del país.
La fiscala Zunilda Martínez solicitó que se disponga la prohibición de Balbuena de acercarse a la municipalidad, sin embargo el juez rechazó el pedido, atendiendo a que la Contraloría daba un plazo de tiempo para que el acusado remita documentos que les son solicitados por el ente contralor, y que podrían encontrarse en la comuna de Santa Elena, informó a ABC Color la agente del Ministerio Público.
A las 14:00 de esta tarde, se resolvió la liberación del intendente liberal, quien inmediatamente encabezó una caravana por la ciudad para celebrar su salida de prisión.
El Ministerio Público halló indicios de mal uso de los recursos del Fonacide correspondientes a los ejercicios fiscales 2012 y 2013, administrados por el intendente César Balbuena (PLRA). Entre los hechos investigados, la Fiscalía constató que cuatro contratistas fueron adjudicados directamente para realizar obras por valor de G. 778 millones, sin dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas. Las firmas beneficiadas son LGO Construcciones, José Ramón Rolón, Construfer Par SRL y la empresa La Pastora.
La Fiscalía determinó que Balbuena es responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes y en su defecto aplicar los procedimientos establecidos, y no imponer con arbitrariedad qué empresa será contratada. También se pagó en concepto de sueldos a personal jornalero por aproximadamente G. 10 millones con recursos del Fonacide, a pesar de la prohibición de la ley.