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Cobran fuerza las versiones de que el traslado del juez Carlos Martínez a la circunscripción de Salto del Guairá por la cuestionada magistrada Janine Ríos obedecería a presiones desde la propia mafia de Canindeyú. Martínez se ocupaba del crimen de Pablo Medina y Antonia Almada.
En una escueta comunicación con ABC Color, una fuente oficial lamentó el cambio y aseguró “trabajábamos muy bien con el juez Martínez” aunque no quiso opinar mucho al respecto.
Existen fuertes rumores de que Martínez habría estado estorbando a las organizaciones criminales que operan en la zona, donde se concentran importantes extensiones de tierra con cultivos de marihuana.
Al intentar convesar con el fiscal General del Estado Javier Díaz Verón sobre este tema, los contactos fueron infructuosos.
Este viernes miembros de la Comisión Especial de legisladores que investigan el caso cuestionaron este hecho y afirmaron que esta decisión de la Corte “llama poderosamente la atención”.
Hasta el momento el único detenido en el caso es Arnaldo Cabrera López, quien se desempeñaba como chofer de Vilmar “Neneco” Acosta, principal sospechoso y prófugo de la justicia. Pese a que el Ministerio Público ya tiene identificados a los autores intelectuales y materiales, entre ellos el exintendente colorado de Ypejhú, ninguno ha sido capturado. Incluso se habla de que Acosta se pasea impunemente por los distritos del departamento, sin ser denunciado por el temor que despierta en los lugareños.