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Las medidas alternativas a la prisión que fueron impuestas a Omar Ludovico Sarubi implican la prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio y la obligación de comparecer en forma mensual ante el Juzgado Penal de Garantías.
Además del expresidente de la Essap, la medida judicial beneficia a otros exfuncionarios de la aguatera estatal involucrados en el esquema de corrupción que fue descubierto. Estos son Jorge Wilka, Fernando Jhoni Báez y Ricardo Adolfo Brítez.
La condición del beneficio es que los imputados paguen una fianza personal de G. 500 millones. El dinero correrá por cuenta del abogado de cada imputado y debe ser entregado en un plazo de 15 días.
Días atrás, la fiscala Victoria Acuña imputó al expresidente de la Essap Osmar Ludovico Sarubbi y a otros 40 funcionarios por un supuesto perjuicio patrimonial de más de G. 17.000 millones entre los años 2015 y 2016, a través de un festival de cheques en carácter de anticipos de fondos a rendir. El destino del millonario monto nunca se conoció debido a que los gastos no fueron justificados.
Según la imputación, los cheques eran firmados por Sarubbi y Jhoni Báez Santacruz (gerente financiero). Luego la gerencia administrativa, a cargo de Ricardo Brítez, hacía las rendiciones de los fondos y adjuntaba copias de facturas de proveedores, comprobantes de retención y recibos de pago a los proveedores, pero no las actas de entrega de los productos y prestación de servicios.
También se detectó que había órdenes de pago sin firma del autorizante, del presidente de la entidad, y facturas no válidas, según reportes de la Subsecretaría de Estado de Tributación. El presunto daño alcanza los G. 17.590.301.286.