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El asesinato cobarde del periodista Pablo Medina y la joven Antonia Almada terminó por confirmar lo que antes era un secreto a voces: el vínculo del narcotráfico con la política no solo en área de cobertura del comunicador asesinado, sino también en otros puntos fronterizos, especialmente en el departamento de Amambay.
En este departamento se produjo el hallazgo de media tonelada de cocaína que era descargada de una avioneta a varias camionetas, cuando la Senad interviene y se produce un tiroteo. El piloto de nombre Renato Mendoza Riquelme logró escapar en la aeronave; poco después trascendió que el mencionado es amigo del diputado suplente Carlos Rubén Sánchez, conocido como “Chicharõ”.
En comunicación con una radioemisora, Sánchez admitió su vínculo con el presunto narcopiloto, sin embargo adujo que eso no lo convierte en un traficante de drogas, y advirtió con impulsar acciones legales contra este diario por sus publicaciones.
Uno de los comentarios emitidos desde una cuenta de Facebook a nombre de Adrián Martínez refiere “que los periodistas creen que por tener un espacio donde abrir su sucia boca o escribir ya tienen derecho a difamar calumniar a todos... bala les hace falta a muchos”.
Además de la amenaza como tal, resulta llamativo que en la descripción el usuario se presente como gerente jurídico de la Secretaría Nacional Antidrogas. Fuentes consultadas por ABC Color confirman que no existe un funcionario con ese nombre y mucho menos el cargo al que hace referencia en el perfil. Esto demuestra que a través de las redes sociales se busca infundir temor a la ciudadanía y al ejercicio del trabajo periodístico.
Carlos Sánchez es señalado como uno de los grandes narcopolíticos en Paraguay. “Chicharõ” es, según la Policía y la Senad, el principal operador local de la red internacional dirigida por Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, el “pez gordo” más buscado de la región.