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El hartazgo por las cada vez más insultantes reguladas en el servicio de transporte público en el área metropolitana encendió la mecha de la indignación que esta vez no se transformó solo en protestas o escraches sino que adoptó un ropaje más incisivo.
Bajo la denominación de Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (OPAMA), un grupo de ciudadanos organizado esencialmente a través de las redes sociales, logró demostrar una serie de irregularidades avaladas desde la estructura del estado a través del Viceministerio de Transporte.
El primer paso lo dio el 2 de marzo un joven llamado Mauricio Maluff, quien solicitó información de interés público al viceministerio con la intención inicial de demostrar las reguladas de colectivos por parte de los empresarios transportistas.
Ante las evasivas y la demora para entregar información que es de interés de todos, el grupo planteó un amparo judicial con el que obtuvo no solo la demostración de que el propio viceministerio había flexibilizado las exigencias del servicio permitiendo esas reguladas, sino que además estaba pagando subsidios con dinero público por pasajeros que en realidad no existían.
Más de 30 profesionales se juntaron para ofrecerse como voluntarios y analizar todos los datos de interés público que el viceministerio se vio obligado a entregarles.
Fue cuestión de horas, o incluso minutos al decir de algunos, para comprobar la sospecha de que se estaban realizando validaciones fraudulentas a través de las tarjetas del billetaje electrónico.
Mauricio Benítez, uno de los voluntarios de la organización ciudadana OPAMA nos decía esta semana en la 730 AM que si el viceministro de Transporte no detectó todas esas validaciones irregulares fue solo por falta de voluntad, ya que ellos en cuestión de pocos minutos pudieron cruzar los datos y detectar las múltiples validaciones echas a través de cientos de tarjetas
“Los datos en crudo tienen en tiempo real, validación en tal colectivo, fecha, hora, GPS. Si el Viceministerio de Transporte no hizo este análisis, no fue por falta de competencia técnica, fue por falta de ganas. No todos, pero hay muchos análisis, como por ejemplo las tarjetas que más gastaron, tomaron minutos”, nos decía el estudiante de ingeniería electromecánica que se sumó como voluntario al ver la convocatoria a través de las redes sociales.
Son cientos de miles de validaciones fraudulentas a través de más de 7 mil tarjetas detectadas en un rápido trabajo de control ciudadano.
“Y estamos encontrando más cosas que vamos a dar a conocer próximamente” nos decía durante la entrevista el joven integrante de esta organización ciudadana, cuyas siglas fueron convenientemente escogidas por estos profesionales voluntarios para representar el hartazgo y la intención de que terminen los abusos hacia el pasajero y contribuyente, para exigir un servicio público decente.
El billetaje electrónico indudablemente no es el problema, al contrario, mediante el registro informático de datos se pudo hacer el cruce que permitió evidenciar el fraude. Lo que cabe es profundizarlo aún más, para que esos datos estén disponibles en tiempo real para quien quiera acceder a ellos y no tener que recurrir a una acción judicial para demostrar que aún existen funcionarios que no entienden que deben ser servidores públicos.
Por eso el aplauso para este grupo ciudadano que con un poco de voluntad, interés y dedicación demostró la inutilidad y complicidad de una dependencia pública, investida de autoridad para, en teoría, arbitrar las mejores condiciones de servicio al ciudadano.
Necesitamos decenas de OPAMAS para que quienes administran el dinero que es de todos sepan que más tarde o más temprano el control ciudadano puede documentar casos que conllevan el hediondo tufo de la corrupción.