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¿Por qué liquidar la empresa? La respuesta resulta de un análisis rápido de los últimos años de su operación: la telefónica, ya quebrada en el 2001 cuando pasó a ser una SA, continuó siendo ineficiente hasta el momento actual. Esto motivó que arrastre una deuda a causa de sus costos fijos, y esta, si no crece a un ritmo mayor, es solo porque ya no se invierte en la institución desde hace más de una década. Dicho de otra forma, después de las últimas inversiones, anunciadas con bombos y platillos como “el inicio de una nueva era de la Copaco”, pero que terminaron, sin excepción, en rotundos fracasos, la empresa terminó por entrar en un periodo estepario de improductividad, acompañada de un pasivo que crece proporcionalmente a los gastos corrientes impagos, principalmente salarios.
En la actualidad, en el mundo la tecnología de la comunicación crece y se desarrolla exponencialmente a velocidades que superan a la propia legislación. En ese rubro, las empresas privadas en nuestro país, debido a su excelente gestión, acompañan este ritmo de crecimiento cómodamente, y las adecuaciones e implementación de nuevas tecnologías se dan de forma dinámica y eficaz. De hecho, en Paraguay las empresas de telefonía privadas se cuentan entre las más exitosas y de mayor crecimiento, siendo por añadidura supercompetitivas. Inclusive, tenemos el orgullo y privilegio de exportar ejecutivos del rubro.
Mientras tanto, a pesar de haber sido reorganizada y cambiar de nombre, la telefónica estatal sigue manejándose igual que en tiempos de la Antelco. Una entidad pública ineficiente, aletargada en un espiral de improductividad, con miles de funcionarios que en vez de constituir su mayor patrimonio más valioso -a causa de la forma en que se administró la empresa- son hoy su principal pasivo. Una situación que se podría ver con claridad a través de una auditoría externa, que no es realizada porque sería muy incómoda: el Gobierno no sabe o no quiere resolver el problema, y de esta forma se continúa perdiendo dinero día tras día, a costa de todos los contribuyentes.
Es que no existe peor administrador que el Estado: años de mala administración, fraudes a través de inversiones arriesgadas, y la situación de tener a otros entes estatales -tan o más deficitarios- como principales morosos, llevaron a la Copaco a la quiebra técnica. Y a este problema se suman las condiciones negociadas con el Sindicato para el pago de haberes atrasados, incumplidos como tantas otras obligaciones.
Lo que se dice, no da para más. Por estas y muchas otras razones, llamaron poderosamente la atención las declaraciones del titular de la empresa cuando, apenas la semana pasada, hablaba de la necesidad de “revitalizar Copaco a través de inversión de infraestructura y tecnología, para volver a hacerla eficiente, salvaguardando de esta forma una institución que es de importancia estratégica para el país”.
Cuando escuchamos expresiones del tipo “empresas públicas, entes o cualesquiera otros estamentos de importancia estratégica para el país” nos vienen a la memoria los discursos que se daban durante la dictadura de Alfredo Stroessner. En aquel entonces, y siempre con la excusa del cuco del comunismo acechando a la vuelta de la esquina, se justificaba la gigantesca y corrupta mano del Gobierno cubriendo la mayor cantidad de empresas de bienes y servicios posible “en salvaguarda de los altos intereses de la patria”. Aquello -entonces y ahora- fue y es solamente una cortina de humo para justificar la falta de acciones concretas. Pero con el agravante de que hoy, repetir los mismos argumentos sería un error demasiado grave.
En condiciones similares, una empresa privada convocaría a sus acreedores para negociar quitas de sus deudas y establecer un plan de pagos de los saldos. O sería declarada en quiebra, con las consecuentes responsabilidades a ser asumidas por aquellos que, por acción u omisión, la llevaron a esa situación. En el caso de la Copaco, abrir la posibilidad de -nuevamente- apuntalar a la malograda telefonía con una inyección de capital para cubrir, solamente por cierto tiempo, gastos de salarios, no es ninguna solución de fondo. Más de 4000 funcionarios en nómina hacen inviable este proyecto desde su concepción misma. Proceder de esta forma pretendería únicamente estirar más el cierre definitivo de un proyecto fallido, que solamente se hace más oneroso con el paso del tiempo.
Ya la empresa no es rentable, y cualquier medida que se tome distinta a liquidarla terminará en un nuevo fracaso. Esperemos que finalmente se decida sanear la institución para privatizarla, manteniendo a los empleados que desean continuar y liquidando a aquellos que justamente pretenden continuar en las mismas condiciones. Todavía es un buen momento para hacerlo, antes de que valga menos aún y ya no genere ningún interés en el sector privado.