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Es indudable la habilidad del grupo liderado por el expresidente Horacio Cartes para comprar voluntades.
Es vox populi, en particular en el ámbito político, que en las elecciones del año pasado, el cartismo alentó y financió a ciertos políticos y a algunos pequeños sectores de la oposición para dividir sus votos. No solamente para asegurar el triunfo de Santiago Peña sino también para restarle números en el Congreso, especialmente en el Senado.
Una vez que asumió el nuevo Parlamento, se vio que había un grupo de senadores del PLRA que les era absolutamente fiel y otros senadores “opositores” sin ningún arraigo partidario a los que captaron rápidamente con cargos y dinero.
Como resultado, la oposición se vio reducida a una mínima expresión, algo inédito desde la vigencia de la Constitución de 1992.
En los pocos meses que está en el poder, el cartismo usó su hegemonía para aprobar en el Congreso todos los proyectos que enviaba el Ejecutivo. Pero también lo utilizó como garrote, en el Poder Legislativo y en otras instituciones.
En su accionar, se notó cierta tendencia hacia la arbitrariedad autoritaria. Por nombrar solo tres casos: la expulsión de la senadora del PEN Kattya González, la designación del “abogado” Hernán Rivas como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el des-desafuero del senador Erico Galeano (acusado por lavado de dinero y asociación criminal) y el mencionado Rivas (acusado de tener un título falso de abogado).
Sobre algunos hechos, los cartistas recularon a regañadientes, aunque eso no quita que se hayan creído con la autoridad para hacer lo que les viniera en gana sin respetar la Constitución y hace sospechar que lo volverían a hacer en cualquier otra coyuntura en la que no puedan contener su hilacha autoritaria.
Es evidente también que están utilizando el Poder Judicial como instrumento para sus fines. Tanto para dar cobertura a los integrantes de su propio chiquero como para tratar de anular a sus enemigos políticos. El caso del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, es el más evidente. Le tendieron una maraña de casos judiciales para intentar sacarlo del medio.
Otro caso es el del gobernador de Central Ricardo Estigarribia (PLRA), al que procuran restarle fondos de los programas sociales, poniendo así palos a su administración.
Además, tenemos la particularidad de estar en este periodo presidencial como en un régimen monárquico de los actuales, pero que funciona al revés. El “rey”, huelga decirlo, es Horacio Cartes, presidente de la ANR, y Santi Peña viene a ser un primer ministro. Sin embargo, en este caso, el que realmente manda y tiene poder es el Rey mientras que el primer ministro está para cumplir la formalidad y tradiciones del régimen democrático.
Así las cosas, dependerá mucho del humor de Cartes para ver hasta dónde se animan a forzar la cuerda para seguir en el poder. No se puede descartar una masiva reacción ciudadana en caso que –como ya se está viendo– no se cumpla casi nada de las promesas electorales que hicieron.