Manejarán “Hambre Cero” y fallan con ollas populares

Representantes de diversos comedores y centros comunitarios que alimentan a niños y familias vulnerables en el marco de la Ley Nº 6945, vigente desde la pandemia, reclamaron que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo del ministro Miguel Tadeo Rojas (tesorero de la ANR), no les provee los insumos para preparar los platos de comida. Lo más preocupante es que este mismo ministro está ahora a cargo de hacer cumplir la Ley que denominan Hambre Cero (HC), que es mucho más grande y ambiciosa.

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El viceministro de Administración y Finanzas del MDS, Raúl Ramírez, reconoció que la institución tiene un presupuesto específico para el programa de ollas populares que asciende a G. 11.000 millones, de los cuales unos G. 9.881 millones puntualmente son para la compra de insumos alimenticios para entregar a los comedores, y que de este monto, solo el 4% se ejecutó hasta ahora.

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El mismo intentó alegar que ahora, a cuatro meses del inicio de año, “están apurando” la licitación para cumplir con su obligación, algo que en realidad es urgente, ya que miles de niños y adultos dependen de estos comedores.

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“Esperamos empezar la distribución masiva a finales de mayo si no hay inconveniente en el llamado. que pueda retrasar un poco más”, dijo Ramírez, haciendo énfasis como un “logro” el que ya hicieron el llamado a licitación.

Sin embargo, existe toda la sospecha de que apuraron la licitación solo por esta audiencia, ya que el proceso de llamado a proveedores se publicó hace apenas 3 días (el martes 23).

Ramírez también justificó el retraso diciendo que hicieron la inscripción y están en proceso de verificación de los centro comunitarios que recibirán los insumos.

El director general de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Jorge Paredes, también confirmó que el programa hasta ahora apenas “tiene una ejecución del 4%” y que están pendientes de que se cierre la licitación para “dotar del plan de caja para que el ministerio pueda ejecutar” los fondos.

La audiencia pública estuvo presidida por el diputado Raúl Benítez y acompañó el senador Ignacio Iramain (ambos del PEN).

Cuestionan “excusas” de ministro

Ya días atrás vía nota, el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Miguel Tadeo Rojas se excusó de asistir a la audiencia pública, alegando que ya había agendado previamente una actividad en el departamento de Ñeembucú.

El ministro ayer acompañó al vicepresidente de la República, Pedro Alliana al acto de entrega de certificados a 36 “guías familiares” del Programa Social Tekoporã en dicho departamento, un acto más bien de propaganda, a diferencia de la audiencia, donde iba a tener que escuchar los reclamos de los encargados de los comedores.

El diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) no pudo evitar hacer énfasis en cuestionar que el MDS ya había admitido problemas para cumplir con el programa de subsidio para adultos mayores, ahora lo hace con el programa de comedores y aún así sumó la administración de la provisión de almuerzo escolar en Central y Presidente Hayes en base a la ley Hambre Cero.

“Las tareas que está adquiriendo el MDS son a pedido del Ejecutivo. Lo de adultos mayores, el tema Tekoporã y lo de las ollas populares que ya tenían, lo de la merienda escolar ellos mismo pidieron administrar y al final cuando les abordamos sobre estos programas, tienen problemas a la hora de hacer los censos, los recorridos para verificar, o sea, que el Ministerio no tiene el equipo operativo para llevar adelante y obviamente preocupa todo”, afirmó Benítez, que remarcó que al pedir manejar todo esto, no pueden poner como excusa.

Tadeo Rojas, con llamativa fortuna

La audiencia pública también hubiese sido una oportunidad ideal para pedirle al ministro de Desarrollo Social, el cartista Miguel Tadeo Rojas, que explique su “secreto” para lograr un incremento patrimonial tan marcado desde que está en la función pública.

Según sus propias declaraciones juradas de bienes, desde 1994 a este año, el patrimonio neto de Rojas creció un 34.844%, pasando de apenas G. 13 millones a G. 4.542 millones en la actualidad, siempre en la función pública.