Estamos ante una realidad internacional de derivación social, en razón a las diversas cuestiones que se engloban dentro de la administración pública. Es que, la ocurrencia de una diversidad de defraudaciones ha conllevado la expansión del fenómeno de “corrupción”.
El Índice de Confianza del Consumidor, una herramienta suministrada por el BCP para medir la temperatura de la economía y el probable comportamiento de los agentes económicos en el futuro inmediato, cayó cinco puntos en febrero, prácticamente un 10% en un solo mes, y, por ahora, esa parece ser la tendencia. El motivo difícilmente sea económico propiamente dicho, ya que este año se espera un importante “rebote” del crecimiento en comparación con los ejercicios anteriores, de la mano de condiciones climáticas más favorables para la producción agropecuaria. El problema es político. A poco más de un mes de las elecciones, no son nada tranquilizadoras las posiciones y actitudes de los principales candidatos.
La determinación fraudulenta que afecta la interrelación entre la economía y los intereses de la administración pública se concatenan a partir de los diversos tipos legales que se enuncian en la doctrina comparada, desde la responsabilidad penal que pueda adecuarse y/o subsumirse al funcionario o servidor público que se beneficia indebidamente de un contrato u operación en el que interviene.
Dentro del ámbito económico y de la administración pública existen agentes que buscan alcanzar cierto provecho a costa del patrimonio del Estado, valiéndose de medios fraudulentos, generando una desvirtuación al sistema legal, fomentando la interacción con nuevos fácticos de corrupción. La interacción de la colusión como injusto penal se encuentra acompañada de la expectativa (negativa) de obtener un beneficio extrainstitucional.
Una sorprendente postura asumió la directora del Hospital Regional de Fuerte Olimpo, doctora Erma Abreu, al comunicar que las consultas de la prensa acerca del funcionamiento del centro asistencial público deben ser dirigidas por escrito a la Dirección de Comunicación. Añade que la respuesta se hará por el mismo método.
Cualquiera diría que el asalto nuestro de cada día es el que sufren cientos de compatriotas cuando salen de sus casas para ir a trabajar, o cuando vuelven cansados a descansar. Pero no. Hay otro que es tal vez más disimulado, pero más grave: el que proviene desde el mismísimo Gobierno Nacional.