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Esta actitud evoca épocas pasadas, de la dictadura del general Alfredo Stroessner, que fue derrocado hace 33 años. Durante el régimen, para realizar las entrevistas los medios de comunicación debían contar con el permiso de los encargados de las instituciones públicas y, en caso de conseguir el aval, se debía enviar con mucha anterioridad las preguntas y se aclaraba que solo serían contestadas aquellas elegidas y que eran del agrado de los mandamases de turno.
Lo que sucede en una administración “pública” debe ser conocido por todos los ciudadanos y los administradores de turno deben ser el libre conducto para que el proceso se cumpla y no poner trabas. Son servidores públicos y se deben a los ciudadanos que pagan sus salarios.
Las denuncias periodísticas sobre la precariedad de los servicios de Salud Pública en el departamento de Alto Paraguay no tienen como fin atacar el trabajo del personal. Sabemos que a pesar de la “orfandad” en la que se manejan hacen lo imposible cuando se trata de salvar la vida de pacientes.
La falta de equipamiento, carencia de médicos especialistas, la precariedad de los puestos de salud, no es por culpa de los funcionarios que, dicho sea, en su mayoría trabajan con gran patriotismo en esta parte del Chaco.
Las denuncias periodísticas tienen como objetivo principal que el Estado paraguayo, a través de las autoridades nacionales, reaccionen y proporcionen lo necesario a las dependencias sanitarias para que los pobladores del Alto Paraguay accedan a lo que tienen derecho: una atención de salud pública de calidad que garantice la protección de su vida.
En este sentido, todos somos responsables de hacer conocer la penosa realidad; nosotros como periodistas, el personal sanitario desde sus lugares de trabajo y, por supuesto, la ciudadanía desde su experiencia de paciente o cuidador de algún enfermo.
Por ahora, es la única forma de tratar de revertir la caótica situación de la Salud Pública en el Alto Paraguay.