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De noviembre del 2012 a diciembre del 2015, un total de 249 municipalidades y 17 gobernaciones de la República recibieron US$ 212.228.773 del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para invertir en sus comunidades en beneficio de la educación, sobre todo.

En los últimos tres años, los 249 municipios de todo el país han recibido US$ 143 millones en transferencias del Fonacide y US$ 283 millones por Royalties, un total de US$ 426 millones en ambos conceptos. Este dinero tenían que impulsar el progreso en infraestructura y educación para los ciudadanos pero su manejo discrecional, la falta de rendición y la tímida acción fiscal permitieron que se sigan malversando estos fondos.

El diputado Hugo Rubín (PEN) presentó un proyecto de ley que obliga a los municipios, a la Essap y el MOPC a indemnizar a los ciudadanos cuyos vehículos sean dañados en accidentes producidos por baches, raudales y desperfectos semafóricos. Propone que parte de las indemnizaciones salgan del sueldo de las autoridades.

Un total de 11 municipios aún no presentaron totalmente la rendición de cuentas de recursos por G. 6.702.083.483, recibidos por el Fonacide desde el año 2013.

Intendentes del área metropolitana anunciaron que presentarán, en forma conjunta y a pesar de la feria judicial, una acción de inconstitucionalidad contra la Ley del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT).