6 de mayo de 2024
La Procuraduría General de la República solicitó el rechazo de la demanda promovida por la removida jueza penal de Ciudad del Este, Norma Gamarra, contra la Itaipú Binacional y el Estado paraguayo, en reclamo de una indemnización de G. 2.000 millones por daños y perjuicios derivados de su enjuiciamiento. Básicamente, los representantes del Estado paraguayo afirman que no se ha probado la existencia de daño material ni daño moral y que la medida de suspensión que le afectó es consecuencia de resoluciones dictadas tanto por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como por la Corte Suprema de Justicia, cuya legitimidad no está en discusión.