Ante la suspensión de actividades decretada esta mañana, el Poder Judicial señala que un total de tres Tribunales y cinco Juzgados estarán habilitados como órganos jurisdiccionales de emergencia en la Capital. Se atenderán acciones y excepciones de inconstitucionalidad, medidas cautelares de urgencia, maltrato infantil, venias para viajar, restituciones, audiencias, órdenes de allanamiento, secuestros, entre otros.
El abogado Juan Ernesto Villamayor manifestó que la acción de inconstitucionalidad que presentó en representación de los empresarios españoles Álvaro Lasso y Guillermo Casado no puede rechazarse in límine. Aseguro que se violaron garantías constitucionales de sus clientes.
Estoy anonadado después de leer los artículos 13, 14 y 16 del proyecto de ley “QUE ORGANIZA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”. Nunca vi un atentado tan flagrante a la tutela jurisdiccional que el Estado promete a los ciudadanos que viven bajo su amparo, ni vi una forma tan desembozada de matar la defensa de los derechos constitucionales. Si esos artículos se aprueban y se convierten en ley deberemos guardar la Constitución en un cajón bajo llave o tirarla a la calle, porque para nada servirá. Y, además, deberemos suprimir las cátedras de Derecho Constitucional en todas las Facultades, porque tampoco servirán para nada.
La Asociación de Fiscales de Latinoamérica firmó una declaración en la que aboga por que los gobiernos y parlamentos de los distintos países brinden las garantías necesarias para que los agentes del Ministerio Público puedan hacer su trabajo, sin presiones ni injerencias.
Tras un intenso debate, que duró más de tres horas, la Cámara Baja aprobó ayer con modificaciones el proyecto de ley de garantía de inversiones, que establece incentivos impositivos para las empresas. La “aplanadora” colorada y algunos liberales actuaron en bloque. La normativa pasa ahora al Senado.
El proyecto de ley de garantía de inversiones, que la Cámara Baja tratará hoy en su sesión ordinaria, tendría el respaldo de las bancadas mayoritarias, pero se le plantearán varias modificaciones. Las bancadas de la izquierda, por su parte, se opondrían a la normativa.