políticos corruptos

Los escraches ciudadanos han conseguido, en un mes de movilizaciones, la renuncia de dos senadores y un diputado. La indignación popular ante tanto robo e impunidad los ha lanzado a la calle para manifestarse frente a las casas de los políticos más cuestionados por la corrupción imperante. Las abogadas Esther Roa y Haydée Vera, a quienes se suman Alfonso Valdez y Oliver Mendoza, relatan en esta entrevista el fenómeno de los escraches.

El presidente electo Mario Abdo Benítez aseguró ayer que la indignación de la gente contra los políticos corruptos la “quiere transformar en esperanza” y admitió que también está harto. El futuro mandatario se abstuvo de opinar sobre el gobierno saliente porque no desea polemizar.

Mientras en otros países los actos de corrupción en la gestión pública llevan a la cárcel a encumbrados políticos, como en el Brasil, o echan a gobiernos, como ocurrió ayer en España, en nuestro país los políticos descubiertos o sospechados de cometer actos ilícitos gozan de impunidad. Además son premiados en las urnas con la reelección en cargos electivos o son nombrados en puestos en que podrían volver a robar.

Mientras la justicia brasileña condenó y puso tras las rejas a un expresidente de la República (Lula Da Silva, sentenciado a 12 años) nuestras autoridades están aplazadas en juzgar a políticos corruptos. La última muestra del sometimiento judicial es el traslado de Unidad de la fiscala que imputó al presunto testaferro del senador colorado Víctor Bogado y logró el embargo de millonarios bienes.

Una auditoría ordenada por la Corte corroboró que las audiencias preliminares más suspendidas se dan en los procesos abiertos a políticos corruptos, narcotraficantes y otros peces gordos con poder económico. La Dirección de Auditoría Jurisdiccional del Poder Judicial, a cargo del abogado Mario Elizeche, ya tiene los resultados del trabajo hecho en los juzgados de garantías del primer, segundo, tercer y cuarto turnos. El promedio mínimo de suspensión es de tres veces. En algunos casos se llegan a 10 o 15. El control ordenado por la Corte Suprema arroja otros datos muy llamativos.