El procesado es Adrián Anselmo Aveiro Silguero (31), presunto líder de una secta de umbanda, quien había sido detenido en julio de 2025. El mismo enfrenta cargos por abuso sexual en niños, actos homosexuales con personas menores de edad, violación del deber del cuidado o educación, coacción sexual y violación, además de trata de personas.
La detención del sospechoso se había concretado durante el allanamiento de una vivienda de Minga Guazú, donde supuestamente se realizaban cultos religiosos y se cometían abusos y violaciones. Los hechos delictivos habrían sido cometidos de manera sistemática desde 2018, tanto contra menores de edad como contra adultos.
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Vivian Coronel, fiscal de la Unidad Especializada que investigó el caso y representa al Ministerio Público en el juicio oral y público, manifestó que, conforme a los datos recabados, Aveiro Silguero se aprovechaba del estado de vulnerabilidad de las víctimas para atraerlas a los cultos y luego someterlas a trabajos forzosos, maltratos físicos y psicológicos, además de agresiones sexuales.
Las víctimas eran privadas de alimentos, no podían comunicarse con sus familiares y eran castigadas con arreadores, machetes o quemaduras con colillas de cigarrillos, supuestamente por parte del hombre que las mantenía en condiciones degradantes.
El relato de los hechos habla de abusos con apariencia de rituales
El relato de los hechos señala que, desde diciembre de 2022, en una vivienda ubicada en el Área Habitacional Nº 06 de Hernandarias, el procesado habría coaccionado a una de las víctimas adultas para que soportara actos sexuales bajo la apariencia de rituales religiosos, recurriendo a amenazas y al uso de la fuerza.
Asimismo, entre 2023 y 2024, en distintos inmuebles situados en Hernandarias, Minga Guazú y Ciudad del Este, el encausado habría captado y retenido a varias personas, a quienes obligaba a realizar trabajos domésticos y tareas pesadas sin remuneración, bajo amenazas de muerte o de causar daño a sus familiares.
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En relación con las víctimas menores de edad, el Ministerio Público expone que los hechos se remontan a 2018, cuando una niña de 12 años fue llevada a convivir con el acusado mediante engaños y posteriormente sometida a un régimen de servidumbre y reiterados maltratos. El documento describe, además, la presunta comisión de actos sexuales en perjuicio de la niña cuando tenía 13 años.
Igualmente, la investigación refiere a agresiones sexuales contra otros menores de edad, entre ellos un niño de 9 años y un adolescente de 15 años, ocurridas entre 2020 y 2021 en diferentes inmuebles vinculados al acusado.
Por otra parte, en enero de 2025, se habría producido una violación del deber de cuidado respecto de una niña de 2 años, quien fue expuesta a rituales prolongados en un ambiente cerrado, con presencia de consumo de alcohol y tabaco, en condiciones consideradas perjudiciales para su desarrollo integral.
Presentaron varios elementos probatorios
El juicio se encuentra en su fase final, con la producción de las evidencias incautadas durante el procedimiento y las declaraciones de los testigos. La audiencia debe proseguir mañana con algunas declaraciones más, para luego pasar a la etapa de los alegatos finales.
La fiscal Coronel afirmó que presentaron una gran cantidad de elementos probatorios, por lo que considera que cuentan con fundamentos para sostener la acusación y solicitar una condena.
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“Puedo afirmar con absoluta certeza que la Fiscalía se encuentra convencida de todo el caudal probatorio que ha ofrecido. Estamos confiados en que la Fiscalía va probar lo que efectivamente ha plasmado en el escrito acusatorio”, señaló.
Dijo, además, que confían en que el tribunal resuelva conforme al análisis y la valoración conjunta de todas las pruebas, considerando que se presentó un alto caudal probatorio.