Con esta medida de racionalización, anunciada a finales de marzo, el Gobierno prohibió por un periodo de seis meses el uso del agua potable para el cultivo y el riego de áreas verdes, la limpieza de calles y lugares públicos así como el lavado de vehículos. Durante el verano los cortes de agua se llevaron a cabo en su mayoría en horario nocturno y según la región, demanda y cambios de las condiciones climáticas de cada zona del país.
El departamento explicó que esta decisión se debe a las escasas precipitaciones de los últimos años que, según el Observatorio Nacional de la Agricultura (ONAGRI), han dejado los pantanos al 27 % de su capacidad además de su grave impacto en las aguas subterráneas.
Los infractores de estas restricciones, explicaron las autoridades, pueden sufrir la suspensión y paralización de su suministro además de multas de hasta 1.000 dinares (300 euros) y penas de prisión de entre seis días y nueve meses.
Túnez, con más de doce millones de habitantes, está sometido a un fuerte estrés hídrico debido a los contrastes climáticos entre las regiones y a los efectos del cambio climático, que se han acrecentado hasta alcanzar "niveles alarmantes" inferiores a 500 metros cúbicos por año y habitante, según datos oficiales de 2021.
Esto en peligro el sector agrícola- que representa 9 % del PIB- pero también su seguridad alimentaria. Con una veintena de presas y un centenar de plantas de desalinización, el país magrebí experimenta una gran desigualdad en los recursos y acceso al agua entre el norte, de clima mediterráneo, y el sur, de clima sahariano.
Amnistía Internacional (AI) alertó en su último informe anual de la "extrema" vulnerabilidad del país ante al cambio climático debido "a los limitados recursos hídricos y la previsión de que las sequías y las altas temperaturas serán cada vez más frecuentes".