La intervención, según se detalla en un oficio de la Superintendencia fechado el miércoles, pero que se hizo público este jueves, tiene como objetivo "supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros".
Como parte del proceso, el organismo estatal designó ya a la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez como la interventora, quien deberá presentar a la Superintendencia informes mensuales sobre lo realizado.
De acuerdo a Granasa, el pedido de intervención nace de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), que ahora depende de la Presidencia, "aduciendo una calidad de accionista del 2,56 %, cuya propiedad atraviesa un proceso legal".
Inmobiliar solicitó a la editora de periódicos el "detalle de asesores legales mantenidos por el periodo comprendido entre 2022 y 2025, el que debe incluir una matriz de los casos atendidos por ellos, indicando cuales se encuentran cerrados o vigentes a la fecha actual".
Información que, a criterio de Granasa, no está en obligación de proporcionar porque existen "razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales o su publicidad perjudique los intereses de la compañía", de acuerdo a la Ley de Compañías.
"Es pública la posición crítica de Diario Expreso frente a la gestión del presidente Daniel Noboa, cabeza de la Función Ejecutiva de la que depende Inmobiliar, por lo que existen serios riesgos de que la información solicitada puede ser utilizada de manera poco objetiva y en detrimento de los intereses de la empresa y de sus accionistas", señaló el medio este jueves.
Granasa ha denunciado que el Gobierno de Noboa intenta "someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador", pues como antecedente señalan que la Superintendencia también ha tratado de "adueñarse del 40 % de las acciones" de la empresa, al detectar supuestas irregularidades en un traspaso realizado hace seis años.
Además, han alertado de "otros intentos infructuosos de menoscabar la integridad y credibilidad de Granasa a través del Servicio de Rentas Internas (administración tributaria) y de la Fiscalía, con acusaciones sin sustento sobre supuesta defraudación tributaria y lavado de activos que se quedan sin piso".
El pasado 5 de enero, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció "represalias" del Gobierno ecuatoriano contra Granasa y señaló que "el uso de una institución pública para hostigar a medios críticos es una de las formas más sofisticadas de censura indirecta".