A través de un mensaje en X, González Urrutia indicó que el Gobierno "debe responder" ante la Justicia, al tiempo que afirmó que los venezolanos merecen "conocer la verdad" sobre el caso.
El Ministerio para los Servicios Penitenciarios de Venezuela confirmó este jueves la muerte de Quero, quien fue detenido el pasado 3 de enero de 2025 y recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, de acuerdo al comunicado oficial.
La cartera de Estado indicó que Quero fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo", y falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".
Al respecto, González Urrutia criticó que el Gobierno informara sobre la muerte de Quero cuando llevaba meses de fallecido.
"Murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Carlos Arvelo. Lo enterraron sin avisarle a ella (a la madre). Y el Estado llamó a eso 'cumplimiento de protocolos'", protestó el líder opositor.
A su juicio, lo que sucedió "se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido" y "no hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos".
En la misma línea, el partido opositor Primero Justicia (PJ) afirmó que la madre de Quero fue "torturada psicológicamente por meses", dado que Carmen Navas buscó a su hijo por varias cárceles del país.
"Queremos justicia, verdad y reparación para las víctimas. ¡Nos solidarizamos con la señora Carmen Navas en tan doloroso momento!", manifestó PJ en su cuenta de X.
El pasado lunes, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que Quero fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cerca de una plaza de Caracas, en enero de 2025.
Himiob apuntó, con base en un informe de la ONG, que el "motivo aparente" de la detención se remonta al pasado institucional de Quero, dado que "supuestamente" prestó servicio militar en 2023.
"Esta vinculación técnica parece haber sido el detonante para que el Estado lo señalara bajo cargos de gravedad, procesándolo por los delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo", subrayó.
Asimismo, añadió que el caso había estado "marcado por la opacidad" y que el acceso a la información sobre el estado jurídico y físico de Quero había sido "sistemáticamente bloqueado".