En un comunicado publicado en sus redes sociales, Lemus aseguró que, después de que se retiraran quienes se manifestaron pacíficamente, un “grupo de choque de 300 personas” realizaron actos vandálicos, que atribuyó a “intereses políticos”, al tiempo que actualizó de cinco a diez el número de personas detenidas.
“No podemos abrirle las puertas de Jalisco a los violentos. Tenemos que proteger a los ciudadanos pacíficos, no podemos permitir que a través de la violencia, el caos y la desestabilización intereses políticos busquen apoderarse de Jalisco”, aseguró el mandatario regional.
Lemús dio a conocer que además de destrozar las puertas de acceso y las ventanas del palacio gubernamental, se incendiarion los edificios del congreso estatal y el palacio de justicia.
El gobernador también dio cuenta de la destrucción de cámaras de seguridad, y vandalismo y saqueo a comercios del centro histórico.
En la víspera se realizó la segunda protesta por la contaminación del agua en Guadalajara, con la participación de cerca de 12.000 personas de todas las edades.
De acuerdo con la Comisión Estatal del Agua, un 15 % de las colonias que atiene el órgano distribuidor del agua ha presentado “falta total del suministro”, lo que representa a entre 240 y 270 demarcaciones.
Jóvenes de diversas edades vestidos primero con camisetas de equipos de fútbol locales, y luego con ropa negra y gorras, portaban palos, explosivos, bombas molotov y armas blancas con las que amedrentaron a manifestantes y a periodistas, antes, durante y después de la protesta, como lo señalaron las organizaciones convocantes.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que tras las detenciones no hay denuncias ni reclamos de organizaciones o de familiares de las personas detenidas, lo que causa “suspicacias” que serán objeto de investigación, ante la sospecha de que pudieran ser “infiltrados”.
La comisión añadió que han documentado que personas infiltradas participaron en la primera protesta por el agua el pasado 11 de octubre y que tuvieron coordinación “directamente con las autoridades”, pese a que la postura oficial es que eran “ajenos al operativo” policial.
El organismo nacional señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) “no respondió a una solicitud de reunión” ni entregó el expediente con información relevante para la investigación de las presuntas detenciones arbitrarias y abuso de la fuerza policial de la primera manifestación.
Grupos de vecinos y organismos como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. han documentado muestras de agua con baja cloración, heces fecales y metales pesados, por lo que han pedido una alerta sanitaria por las enfermedades que esto pueda causar a corto y largo plazo.