La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el caso Jorge Luis López Sosa vs. el Estado paraguayo a la Corte-IDH, luego de haber concluido que el Paraguay es responsable de la detención ilegal, tortura, y violación a las garantías judiciales y a la protección judicial que están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos con respecto al denunciante.
El caso guarda relación con la denuncia realizada por el entonces oficial inspector de la Policía Jorge Luis López Sosa sobre supuesta tortura en sede de la Comisaría 11ª y la Marina contra un grupo de comisarios que formaron parte del intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Luis González Macchi, en el año 2000.
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Estos policías habían sido acusados de sublevarse contra el gobierno de González Macchi en el intento de golpe perpetrado entre el 18 y 19 de mayo de dicho año.
En Paraguay sigue abierto el proceso judicial -luego de casi 23 años- por la denuncia presentada por el grupo de comisarios contra el exministro del Interior Walter Bower y tres policías.
Audiencia ante Corte-IDH por caso Jorge Luis López Sosa vs. el Estado paraguayo
La Corte-IDH convocó a una audiencia pública para tratar el caso el próximo viernes 27 de enero del 2023. La presentación de alegatos finales se realizará el 1 de marzo del corriente, de acuerdo al cronograma.
Al respecto, el procurador general de la República, Rodolfo Barrios, señaló que el Estado paraguayo ya respondió a la Corte-IDH en junio del 2022. Agregó que se presentarán a la audiencia para escuchar al denunciante y presentar la postura de la nación.
No obstante, resaltó que el Estado paraguayo aún no puede asumir o rechazar las acusaciones en contra mientras que el Poder Judicial no concluya el proceso abierto que se inició en nuestro país. “Estamos trabajando para poder explicar esto ante la Corte-IDH, mientras esperamos que sea la Justicia nacional la que pueda determinar si es que hubo estos hechos que se alegan”, declaró.
“Creemos que el Estado podría no ser condenado. Creo que la Corte-IDH será respetuosa y decir que los órganos jurisdiccionales en Paraguay aún no determinaron”, agregó.
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Pretenden trasladar eventual condena a responsables de tortura
Barrios, en otro momento, afirmó que en caso de que el Paraguay sea condenado por la Corte-IDH, el Estado analizará trasladar la sanción -o indemnización- a los que sean determinados como responsables particulares de los delitos acusados por parte de la Justicia paraguaya, si esta así lo define en el proceso aún vigente en nuestro país.
“En caso de que nuestra Justicia considere que así haya sido (tortura), cualquier tipo de reclamo podrá hacerse hacia ellos (los procesados), más allá de lo que la Corte-IDH pueda resolver sobre esto”, declaró.
“Hay que ir contra las personas que cometieron el daño en caso que el Estado sea condenado y tenemos las herramientas para eso”, prosiguió.
No descartó que incluso el expresidente González Macchi pueda ser incluido entre los responsables de asumir una eventual condena -o indemnización- contra el Estado paraguayo, atendiendo a que lo encabezaba el año en que se produjo la supuesta tortura.