El procedimiento fue realizado a pedido de la fiscala de turno, Mirta María Martínez, quien busca esclarecer los detalles del ataque contra las juezas y determinar si existe alguna conexión con personas recluidas en el mencionado centro penitenciario.
Las investigaciones preliminares apuntan a que la orden para llevar a cabo el atentado podría haber surgido desde el interior de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. En ese sentido pudimos incautar algunos documentos y sim card que serán analizados en busca de indicios que guarden relación con el hecho investigado, dijo la agente fiscal interviniente.
Agregó que si bien, no hay sospecha sobre alguna persona en particular, se están analizando las causas más recientes que se han tramitado, tanto por la jueza de sentencia de Pedro Juan Caballero, Mirna Carolina Ocampos y la jueza penal de garantías, Vivian Quiñónez Vargas. Ambas tienen casos en donde están acusados peligrosos criminales, dijo.
El atentado contra la casa de las juezas Ocampos Ramírez y Quiñónez Vargas ocurrió durante la madrugada, cuando dos personas llegaron a bordo de una motocicleta y realizaron al menos 56 disparos que impactaron en la pared frontal de la casa ubicada sobre la calle Cerro León casi Carlos Domínguez en pleno centro de Pedro Juan Caballero. Afortunadamente, las magistradas no resultaron heridas en el incidente, pero el suceso ha generado una gran preocupación en la comunidad judicial y en las autoridades locales.
Las autoridades revelaron que las magistradas se encuentran en un lugar seguro y que otros miembros del Poder Judicial igualmente pidieron resguardo policial. Se trata de Mario Peralta Ovelar y Marcelina Quintana de Acosta, quienes integran el tribunal que el jueves último resolvió declarar rebelde y contumaz a Waldemar Pereira Rivas y además dictó orden de captura internacional en contra del mismo.
Cabe mencionar, que Waldemar Pereira Rivas, conocido como Cachorrão, había sido absuelto de culpa y pena en un juicio en el que se lo acusaba del asesinato del periodista Lourenço “Leo” Veras, ocurrido el 12 de febrero de 2020. El juicio finalmente fue anulado por la Cámara de Apelaciones que ordenó la realización de un nuevo juicio.
El allanamiento a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero busca obtener evidencia que pueda arrojar luz sobre los motivos detrás del atentado. Las autoridades han redoblado sus esfuerzos para garantizar que se haga justicia y que quienes estén involucrados en este acto violento sean llevados ante la ley.