En declaraciones a la prensa, el gerente del Cetrapam, César Ruiz Díaz, uno de los grandes protagonistas de las habituales “reguladas” en perjuicio de los usuarios, se quejó amargamente del Estado: dado que pagaría con un retraso de 60 a 90 días los subsidios financiados por contribuyentes de todo el país, sus colegas no podrían abonar a tiempo las reparaciones que necesitan los buses, razón por la que unos 200 de los 1.700 estarían siempre fuera de servicio. A la interrogante de por qué los “empresarios” no abandonan el pésimo servicio si es que realmente pierden plata con este negocio, el susodicho contestó que nadie quiere comprarlo, o sea, que estos “patriotas” conciudadanos siguen “sacrificándose” por el bien público, a costa de sus propios bolsillos.
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Transportistas dicen perder desde hace décadas, pero se aferran al servicio
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