Transportistas admiten que aplican reguladas, violando las leyes del país

El presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, admitió el jueves último que los colectiveros realizan reguladas de buses para “administrar recursos”, lo que está penado por leyes que hoy siguen siendo letra muerta debido a la complicidad del Gobierno con los empresarios, según afirmaron.

Por ejemplo, la ley Nº 6789, “que cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público, infractoras de la ley”, promulgada en agosto del 2021, ya considera como un hecho punible cualquier amenaza de paro de los colectiveros y, además, sanciona con cancelación de las concesiones a las empresas que no cumplan con los servicios acordados.

Pero esta ley sigue sin aplicarse hasta ahora, según señaló el senador Enrique Salyn Buzarquis, quien fue proyectista de esta normativa. El congresista afirmó que esto ocurre por falta de voluntad política, decisión y firmeza de las autoridades competentes y además mencionó que hay complicidad de los Gobiernos de turno con las empresas del transporte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La ley está vigente, el Gobierno debe cancelar directamente las licencias de las concesionarias en caso de que se hagan reguladas. La ley es de cumplimiento obligatorio, no es opcional, pero no la aplican”, enfatizó.

Lea más: Transportistas admiten reguladas por razones “administrativas” y culpan al Estado

El artículo 4 de la ley Nº 6789 establece claramente en su inciso a: “La empresa que deje de prestar unilateralmente sus servicios acordados en la concesión en forma regular y no lo regularice en un período de 24 horas de intimada por la autoridad competente, será cancelada y perderá su licencia y su itinerario de pleno derecho, debiendo ser dictada la resolución pertinente inmediatamente cumplido el plazo previsto. En este caso, el itinerario volverá a ser licitado”.

Otra ley que no se cumple

Griselda Yudice, una de las voceras de Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), señaló que no solamente la ley Nº 6789 se incumple, sino que también la ley Nº 1626 de la Función Pública que en su artículo 130 establece que el servicio de transporte de pasajeros es un servicio público imprescindible.

“Ni esta ley, ni la ley de la Función Pública, que declara servicio imprescindible, ni la resolución de itinerarios se cumple. Los empresarios hacen lo que quieren. César Ruiz Díaz reconoce la regulada y no pasa nada. En las calles se hace evidente la regulada y no pasa nada”, expresó.

Lea más: Desde Opama lamentan disputa entre transportistas y Gobierno, mientras pasajeros sufren pésimo servicio

Por otro lado, enfatizó que el Viceministerio de Transporte emite las resoluciones que establecen las frecuencias de las empresas, con lo cual tampoco se exige un servicio básico. “Le dejan a los empresarios hacer lo que quieren y los transportistas, para mejorar su margen de ganancia, sacan pocos buses y trasladan encimadas a las personas”, acotó.

Resaltó que, justamente, desde Opama denunciaron públicamente que existe una complicidad entre empresarios y Gobierno, porque hay demasiada permisividad del Gobierno con los empresarios que no cumplen con el servicio mínimo.

“El servicio de transporte es considerado servicio imprescindible, lo que hacen los empresarios es criminal, juegan con la vida de los pasajeros, nos tienen horas esperando, nos obligan a viajar hacinados y hasta en la estribera poniendo en peligro nuestras vidas. Asimismo circulan con buses chatarras que se descomponen por el camino, que se incendian, que pierden el control y terminan chocando, roban horas de vida y arriesgan nuestra vida”, lamentó.

Lea más: Lo que dice el Gobierno a los pasajeros sobre las reguladas de colectivos

Recordó que en la reunión que tuvieron con el nuevo Viceministro de Transporte, Emiliano Fernandez, le exigieron que haga cumplir las leyes vigentes y que le llame a Cesar Ruiz Díaz para exigirle que saquen la cantidad de buses necesarios para un servicio básico.

“Lo que Cetrapam llama ‘mejor aprovechamiento de recursos’ para nosotros es una acción que atenta contra nuestra seguridad y calidad de vida. Además de demostrar su nula apertura a buscar soluciones conjuntas a la problemática que nos afecta”, enfatizó.