Político y decano universitario implicado en fraude a Coodeñe

La fiscal Claudia F. Alonso, de la Fiscalía Regional de Pilar, imputó a Aguilera en el año 2014 por el supuesto hecho punible contra el patrimonio de la cooperativa (lesión de confianza), pero hasta la fecha ningún juzgado ha logrado imponer medidas al citado, primero por la inhibición de los jueces, y también porque Aguilera no se presentó a posteriores convocatorias.

Aguilera, quien se desempeña además como decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y concejal por el PLRA, dejó de trabajar en la cooperativa a mediados del 2013, tiempo en que surgieron las sospechas y denuncia en su contra. Sin embargo, y pese a la imputación activa, Aguilera se presentó en elecciones de Coodeñe este año y logró ubicarse como vicepresidente del Consejo de Administración. Sin embargo, el pasado 26 de octubre asumió la titularidad de la misma en sustitución de Nelson Mellones, quien llamativamente renunció tras alegar problemas de salud.

Por su parte, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) decidió intervenir la cooperativa por 90 días, alegando problemas de gobernabilidad, en función del nuevo marco regulador que entró en vigencia en setiembre último, y donde modifica condiciones para los dirigentes de cooperativas. Por ejemplo, menciona la imposibilidad de que personas imputadas por daños patrimoniales a las cooperativas pueden ser dirigentes. Hoy, los directivos de la cooperativa están separados de sus cargos durante el tiempo que dure el procedimiento.

Sobre el fraude

La denuncia realizada por los directivos de la cooperativa pilarense data del año 2013, contra la entonces tesorera de la entidad, Perla Mileva Gutiérrez, y Diosnel Aguilera, que se desempeñó como gerente de la cooperativa por varios años.

En su declaración, la hoy extesorera de Coodeñe reconoció los procedimientos irregulares en la cooperativa, como depósitos en cuentas personales de Aguilera, así como la duplicación en las reposiciones del cajero automático, uso discrecional de fondos extraordinarios sin aprobación del Consejo de Administración, entre otras maniobras que causaron la fuga de unos G. 639.400.000 y fueron por mandato de Aguilera, según se desprende del acta de imputación

En el caso de Perla Gutiérrez, esta reconoció su implicancia en el fraude por reposiciones ficticias en el cajero automático, causa por la que fue imputada, aunque luego ella arregló con la cooperativa, aceptando la devolución de unos G. 50.000.000.

El Ministerio Público dedujo que las operaciones practicadas a fin de cubrir la mala utilización de los fondos no lo pudo haber hecho una sola persona, considerando que su realización requería cierto poder de disposición dentro del organigrama de funciones.

Injerencia política

Aguilera cuenta con un fuerte respaldo político del PLRA, y entre sus leales se encuentra el gobernador de Ñeembucú, Carlos Silva, quien estuvo presente en una reciente manifestación contra la medida del Incoop.

Por otra parte, en plena sesión de la Cámara Baja, el diputado Víctor Ríos (PLRA) criticó el miércoles último a directivos del Incoop justamente por intervenir la cooperativa, y calificó esta acción como “arbitraria e inconstitucional”, en defensa de su correligionario. Aguilera es suplente del diputado Ríos a nivel legislativo.

“Intervención es irregular”

Para Diosnel Aguilera, la intervención del Incoop es irregular, ya que él fue electo en abril y la disposición sobre la cual el Incoop basó su determinación entró en vigor recién en setiembre, rompiendo el principio de retroactividad y violando los derechos de presunción de inocencia, ya que aún no hay condena, razón por la cual ha recurrido la medida ante el Tribunal de Cuentas. Consultado sobre los cargos de los que se le acusan, negó su participación en el supuesto fraude y dijo que la imputación solo hace referencia a la falta de aval del Consejo en el manejo de fondos extraordinarios, y que la mayoría de los hechos detallados por la extesorera Perla Gutiérrez se hicieron tras su salida de la cooperativa. Atribuyó el hecho a una supuesta persecución política con miras a las municipales del 2018.