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El Gobierno está por endeudar al país por otros 1.100 millones de dólares en emisión de bonos, a pesar de la coyuntura de altas tasas de interés en el mercado internacional de capitales, de los cuales, según se informó, 500 millones son para cancelar vencimientos con proveedores, especialmente contratistas de obras públicas. Las obligaciones asumidas y debidamente documentadas hay que pagarlas, no cabe duda de ello, y cuanto antes, para aliviar de los onerosos costos financieros tanto al fisco como a las empresas. Sin embargo, el hecho es que el Estado paraguayo debía 2.700 millones de dólares hace tan solo una década y hoy debe más de 16.000 millones de dólares, casi seis veces más, pero el Paraguay sigue estando entre los países con peor infraestructura en América Latina, junto con Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.
Lo primero que hay que preguntarse es por qué hay deudas vencidas con proveedores, y con mayor razón de obras públicas, que son decididas y proyectadas con suficiente antelación y, salvo algún caso sumamente excepcional, no son producto de situaciones extraordinarias o de emergencia. Esto significa que todas esas obras fueron estudiadas en las instancias correspondientes, aprobadas, presupuestadas, con fuente de financiación asignada. ¿Por qué no se pagan en tiempo y forma, entonces? ¿a dónde se va el dinero?
Parte de la respuesta hay que buscarla en la composición del gasto público. Cerca del 90% del Presupuesto Nacional está atado a gastos rígidos, principalmente salarios, que consumen el 70% de los recursos ordinarios, pensiones, transferencias para subsidios y el cada vez más costoso servicio de la deuda. Como estas erogaciones crecen y crecen y no se pueden recortar, una de las cosas que se hace es simplemente dejar de pagar a los proveedores, lo que a la larga genera enormes sobrecostos, con el agravante de que, según el propio actual ministro de Economía, se maquilla la contabilidad pública y esas deudas impagas se esconden bajo la alfombra.
Pero también hay que preguntarse cómo se planifica, se aprueba y se eja la inecutversión estatal, hasta qué punto están justificados esos enormes montos, cuánto realmente va en beneficio de la población y cuál es la verdadera tasa de retorno para contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo nacional.
Por ejemplo, un informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas indica que las cien obras públicas adjudicadas durante el mandato de Mario Abdo Benítez, más otras treinta que se adjudicaron en el gobierno de Horacio Cartes y continuaron ejecutándose en la siguiente administración, todas ellas, sin excepción, presentan sobrecostos de hasta 50% del monto de las respectivas licitaciones.
Siempre encuentran algún buen pretexto relacionado con supuestos imprevistos y obras complementarias, cuando la propia palabra “imprevisto” sugiere que ello tendría que ser la excepción, no la regla, como sistemáticamente lo es en el Estado paraguayo, invariablemente en detrimento de la ciudadanía, nunca al revés. Se supone que la ingeniería moderna ya ha acumulado suficientes conocimientos como para prever y presupuestar correctamente todos los componentes de una obra, pero ese jamás es el caso.
La trampa comienza ya en la elaboración de los proyectos, donde se “dibujan” trazados, se inventan números, se acomodan estudios de factibilidad y de impacto social y ambiental. Continúa con la colusión, las licitaciones dirigidas y las prácticas oligopólicas. Se hacen los pliegos a medida para que siempre sean las mismas grandes empresas las que se repartan los grandes trabajos, con una dinámica de “hoy yo, mañana vos”, con subcontrataciones y “bicicleteo” de maquinaria. Sigue con el nefasto acuerdo tácito de recargar intereses moratorios ocultos y sin ningún control, que terminan siendo altísimos, incluidos en las sobrefacturaciones, en las cláusulas de ajuste y en los dudosos plazos de ejecución, dando de antemano por sentado que el Estado se va a atrasar en los desembolsos. Por supuesto, también van incluidos los sobornos en las distintas instancias del emprendimiento, desde las consultorías hasta la construcción, la fiscalización y los pagos, todo a cuenta de los contribuyentes.
Como resultado, se pagan precios exorbitantes por obras de mediocre calidad. Por ejemplo, las rutas pavimentadas les cuestan al Estado paraguayo, en promedio, entre 1 y 2 millones de dólares el kilómetro, por encima de la media de la región. En cambio en Europa, donde las carreteras son impecables y la mano de obra y otros costos fijos son mucho mayores, cuestan entre 120.000 y 220.000 dólares el kilómetro, según una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo. Nunca pudieron dar explicaciones convincentes de estas enormes diferencias.
Supuestamente este Gobierno quiere hacer borrón y cuenta nueva. Quiere pagar todos los atrasos, para lo cual ha solicitado al Congreso la aprobación de este nuevo endeudamiento, una ampliación presupuestaria de 2023 y la elevación del tope del déficit fiscal del ejercicio al 4,1% del PIB. Si sirve para empezar de cero y a partir de ahora hacer las cosas de manera diferente, podría ser, pero, hasta que no demuestren lo contrario, la experiencia indica que se seguirá expoliando el bolsillo de los contribuyentes sin una contraprestación mínimamente equivalente a la ciudadanía y al país.