El gobierno de Santiago Peña lleva adjudicados unos G. 170.231 millones (U$S 23,2 millones) en diferentes instituciones del Estado para el seguro médico de sus funcionarios. Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores elimina importantes oficinas diplomáticas como la embajada en Canadá, con la excusa de una reestructuración que servirá para “ahorrar”.
El MAG proyecta utilizar G. 500 millones para una nueva consultoría que apunta a campesinos e indígenas de la Región Oriental. Los productores, por su parte, dicen que las estudios de este tipo abundan y lo que se necesita son acciones concretas. Resaltan que desde que asumió Carlos Giménez, no hizo mucho.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inhabilitó por cinco meses a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, tras la rescisión del contrato que Petropar le había adjudicado para la provisión de gasoíl por US$ 51,5 millones. Asimismo, Petropar demandó a la firma para cobrar US$ 1,5 millones en concepto de garantía.
La ANNP destinó más de G. 13.000 millones en la firma de un contrato por seguro médico privado para sus funcionarios. Mientras que la Armada Paraguaya gastó más de G. 200 millones en la compra de obsequios protocolares, como relojes, bolígrafos, termos forrados, agendas, maletines, kepis bordados entre otros.
La DNCP firmó un contrato con la empresa Travepar, para el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de sus oficinas. Lo llamativo es que en la dirección que declara la firma adjudicada en el documento no hay ni una edificación, es un baldío. La oficina supuestamente queda sobre la calle Paso de Patria c/ Cerrito, de la ciudad de San Antonio.