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No se esperaba menos, pero tampoco se esperaba tan rápido el atropello cartista y la confirmación irrefutable de quién es el verdadero Presidente de la República del Paraguay: según aparenta, Santiago Peña no lo es. Uno se hubiera imaginado que recién tras el acostumbrado “los primeros cien días” empezarían a sacar las garras y ostentar la verdadera hilacha. Pero no, festejaron los primeros cien días de Gobierno cartista con una feroz trompada a la Constitución Nacional y con la provocadora revelación de quién es el hombre que hoy manda, auténticamente, en nuestro país. Y lo repetimos, parece que Santiago Peña no es.
La trompada no se materializó de la mano cartista del senador Basilio Núñez al opositor senador Eduardo Nakayama (PLRA). La violencia fue engendrada por el hombre que fue votado como Presidente del Paraguay en abril de este año y que amasó un decreto, según aseguran, al filo de la medianoche del lunes 20 de noviembre, a esas horas en las cuales la oscuridad cocina a fuego rápido y a cloaca llena lo que necesita con desesperación la opacidad de los actos que no se apegan a la transparencia, a la legalidad ni a la democracia.
El decreto número 714 por el cual fue nombrada Alicia Pucheta como nuevo miembro del Consejo de la Magistratura (CM) consumó un par de hitos y evidenció impresentables bajezas del aparente gobierno de Horacio Cartes a través de Santiago Peña. El primero y más importante de ellos es que, el propio Horacio Cartes (presidente 2013-2018) tardó más tiempo para animarse a violentar la institucionalidad de la República con su enmienda mau. El segundo hito es una anécdota no menos importante porque devela una investidura que carece de la fuerza moral y con el tiempo se verá si es legal: pocas veces se ha visto un juramento al grito de “¡violación!, ¡violación!”, y menos a la juramentada abandonar raudamente el Congreso por la salida de una fotocopiadora para ir, directamente, a sentarse en el pleno del Consejo de la Magistratura a debatir y elegir ternas donde al parecer se reconfirmaron los intereses cartistas.
Entre algunas de las impresentables bajezas reveladas esta semana no puede ocultarse que Alicia Pucheta fue recibida y elogiada por su compañero Jorge Bogarín Alfonso, un hombre denostado internacionalmente como “significativamente corrupto”. Los elogios que engalanaron el aterrizaje de la nueva miembro del CM provinieron de un abogado moralmente impresentable y sospechado de haber traficado influencias en un escándalo judicial, un miembro que sigue sentado en el máximo órgano encargado de velar por la integridad de magistrados.
La doctora Alicia Pucheta se jactó de haber ocupado innumerables cargos, y quizá en algunos de ellos, hasta con mucha probidad. Pero haber ejercido todos ellos para ascender en la pirámide de honorabilidad no implica haberlo hecho con suficiencia, rectitud e integridad. Según aparenta, nunca ha sido posible para ella, en asuntos cartistas, desprenderse de las sospechas sobre su falta de independencia, cuando era ministra de la CSJ. Con el tiempo, parece confirmarse que sus actuaciones en relación con planteamientos judiciales que beneficiaban a Horacio Cartes fueron plenamente retribuidos con ofrecimientos de cargos, desde la Vicepresidencia de la República hasta llegar al Consejo de la Magistratura. Entrar por la ventana al cargo y a la silla donde se sienta desde esta semana, finalmente, no es un cierre victorioso a su carrera.
Se cumplieron cien días desde el que Santiago Peña juró como Presidente de la República del Paraguay, cargo al que llegó prohijado por Horacio Cartes. Y en un rutilante final que pocos imaginaron ocurriría, se han confirmado todas las sospechas que sobre él se tenían. En tres días atropelló sin contemplación todas las promesas de candidato que en proselitismo mucho se esmeró para gritar a los cuatro vientos, de una u otra manera, de que el Gobierno sería suyo y que él nunca sería un títere de un presidente en la sombra. Los hechos de los últimos días lo contradicen de cabo a rabo mientras se alza con el peor trofeo de estos cien días: poner en peligro la institucionalidad que, a estas horas, parece estar copada a todos los niveles y violentada con apoyo –inclusive– de integrantes de otros poderes del Estado. El peligroso caldero en el que se ha ingresado desde el infame decreto del lunes pasado está lejos de entibiarse y puede entrar en etapa de ebullición.
Lejos de guardar las formas, tan previsibles e irrefrenables en los acostumbrados exhibicionismos de poderío cartista, la historia demasiado cercana aún del 2017 –que acabó con la muerte de Rodrigo Quintana– se está repitiendo. Hemos empezado a deambular por lo que parecen ser las mismas situaciones, crispaciones, la violencia y las bravuconerías que ya se vivieron detrás del inconstitucional plan de enmienda cartista, aquel atropello donde poco importaron las formas y donde se intentó violentar la voluntad popular a niveles indecibles.
Porque así como viven los cartistas, diariamente, recordándonos que ellos tienen el poder, no deben olvidar que la propia Constitución Nacional en su artículo 138, de la Validez del Orden Jurídico, garantiza el derecho del pueblo a resistirse a la opresión del autoritarismo que sea.
Se necesitaron apenas cien días para tener la duda de QUIÉN es el auténtico Presidente de la República del Paraguay y de que al final de tanto palabrerío, promesas hechas y mentiras que se revelan ahora, ¡NO VAMOS A ESTAR MEJOR!