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Es plausible que la ciudadanía de la Gran Asunción se esté movilizando para protestar contra el pésimo transporte público de pasajeros, un drama que persiste debido a la indolencia de los sucesivos Gobiernos y a la insensibilidad de los “empresarios” del sector. Pasan los años y todo sigue igual, como si los usuarios no merecieran un buen servicio, subsidiado por los contribuyentes de todo el país: las indignantes “reguladas”, la estafa en el billetaje electrónico o la falta de renovación de los buses, pese al dinero público recibido para el efecto, implican la comisión de delitos que no son castigados por culpa de la indiferencia de los viceministros de Transporte y de los agentes fiscales.
Los pasajeros son ofendidos y el fisco defraudado, sin que se tomen las medidas legales pertinentes para prevenir y sancionar tales iniquidades. Es comprensible, pues, que las víctimas cotidianas se movilicen en defensa propia, tal como volvieron a hacerlo las congregadas en la meritoria Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama). Esta vez se manifestaron ante la oficina de César Ruiz Díaz, representante del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana y de la Empresa Paraguaya de Servicios SAE (Epas), para exigir un buen servicio, dado que “las autoridades responsables de hacerlo no lo hacen”, al decir de la vocera de Opama, Griselda Yúdice. Es probable que, como se desplazan en cómodos automóviles, ignoren que “No es normal tener que viajar apretado o esperar 1 hora el colectivo”, según se leía en una pancarta de los asistentes. Por lo demás, como no son usuarios, están libres del riesgo de que una “regulada” les haga llegar tarde al trabajo y hasta de perder la vida, viajando en la estribera porque el bus ya se halla atestado.
Esas autoridades, que ceden ante los reiterados chantajes de los “empresarios”, tampoco sabrían –o no les interesaría– del conflicto de intereses que supone el hecho de que sea Epas la que entregue al Viceministerio de Transporte la mayor parte de la información clave que emplea para fijar el precio del pasaje y, por ende, el monto del subsidio. No es un dato menor, más aún bajo el actual Gobierno, que la citada firma pertenezca también a la compañía de software Pronet SA, ligada al expresidente Horacio Cartes, firmante en 2017 del decreto vigente, que permite a más de una empresa privada generar, administrar y proveer la información necesaria para el cobro electrónico del pasaje. Ocurre además que, según una auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Estado carece de la tecnología que le permita controlar, en tiempo real, la frecuencia con que circulan los buses. ¡Cuando no, una estructura estatal que no funciona!
Todo esto significa que la operadora de billetaje electrónico Epas, que con la tarjeta Jaha controla el 70% del mercado, influye decisivamente en el precio del pasaje, del que cobra una comisión del 6%, en tanto que el Viceministerio de Transporte sería incapaz de combatir las “reguladas” por falta de equipos. De nuevo, ¡cuándo no! En suma, los “empresarios” son de hecho juez y parte y pueden hacer lo que les da la gana. Que se aguanten, pues, los contribuyentes y los usuarios, entre quienes figuran también los alumnos de educación inicial, básica y media, que no reciben de la Epas ni de la otra operadora –Technologies Development Paraguay SA– la tarjeta que les permita pagar medio pasaje durante el periodo lectivo, pese a las multas que la Ley N° 2507/06 impone a las empresas infractoras. Hasta ahora no han sido aplicadas por el Consejo de Emisión del Boleto Estudiantil, ¡presidido por un representante del Ministerio de Educación y Ciencias!
Es evidente que este perverso modelo, en virtud del cual los transportistas tienen cautivos al Estado y a los usuarios, resulta insostenible. ¿Cuánto tiempo más necesita este Gobierno para reunir el coraje suficiente que le permita enfrentarlos con la ley en la mano, sin temer molestar a algún socio de cierta relevancia? Aún no ha tomado ninguna iniciativa importante que permita esperar que la situación cambie para bien. Los intereses particulares son mayúsculos, pero no deben primar sobre el general de que el servicio del transporte público de pasajeros sea brindado regularmente y a buen precio, mediante unos buses que estén en buenas condiciones.
El subsidio no debe seguir implicando un tremendo malgasto: desde 2011 hasta junio último, más de 30 empresas concesionarias del área metropolitana de Asunción recibieron del fisco la friolera de más de 1 billón de guaraníes (143 millones de dólares), aportados incluso, cabe repetirlo, por los contribuyentes del interior del país que tienen la suerte de no valerse a diario de sus deplorables prestaciones. Es de esperar, no obstante, que Santiago Peña se resuelva a defender el bien común, modificando de hecho y de derecho las reglas del juego en vigor.