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Concluyendo el año 2018, se comprueba una vez más que la situación de la salud pública en nuestro país prosigue su lento y progresivo deterioro. Cada año salen a la luz casos increíbles que afectan a nuestros compatriotas, especialmente en las zonas más alejadas, aunque tampoco faltan en las instituciones sanitarias más importantes de Asunción y las principales ciudades. La salud, siendo uno de los pilares de la estabilidad social, junto con la educación y la seguridad, está recibiendo solo alrededor del 3% del PIB, monto del cual se ejecuta aproximadamente el 50%, lo que crea un gran cuello de botella, ya que se pide más dinero para gastos e inversión en salud, pero no se cuenta con la capacidad para gastarlo adecuadamente.
En todas las regiones sanitarias se clama por los mismos problemas, lo cual permite hablar de una crisis sanitaria global, que se resume bien en los siguientes puntos: infraestructura obsoleta, desabastecimiento de medicamentos, déficit de profesionales, insuficiencia de espacios, camas, equipamiento y puestos de salud, frustraciones para todos.
Se calcula que el Ministerio de Salud Pública requiere unos 650 millones de dólares anualmente y recibe solo una cuarta parte. Entretanto, la población crece en forma constante y las demandas de atención médica y hospitalaria aumentan al mismo ritmo. Tómese como un ejemplo cualquiera el Instituto Nacional del Cáncer, en el que actualmente se realiza un máximo de quince operaciones diarias, siendo la demanda mucho mayor. Este centro dispone apenas de tres salas de terapia intensiva y dos respiradores, para atender a pacientes que habitualmente deben recibir mucho cuidado. En la oficina de urgencias, a menudo los enfermos que acuden deben aguardar hasta cinco horas para ser atendidos, dada la falta de profesionales. Pero así como ocurre en el sector de la Educación, un mejor presupuesto no necesariamente implicará también una mejora en el sector, por aquello de la mala calidad del gasto y pésima ejecución presupuestaria. En varios casos, según denuncias responsables, el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios de salud no se produce únicamente por falta de medios económicos sino, principalmente, por negligencia y desidia del Ministerio del ramo, como es el indignante caso del centro de salud de Salto del Guairá, donde un flamante tomógrafo no se puede hacer funcionar ¡por falta de un estabilizador de energía eléctrica!
La politiquería también juega un papel importante en el sector, y, a veces se la utiliza incluso para solucionar rápidamente algún problema puntual. Un caso de estos ocurrió hace pocos días, cuando la visita anunciada de la Primera Dama a Bahía Negra, junto con el titular del MSP y el del IPS, a efectos de inaugurar una policlínica, movilizó ágilmente al funcionario del MOPC encargado de caminos vecinales, quien libró rápidamente la orden de servicio para reparar el camino de acceso a aquella localidad, que ya tenía más de 50 días en estado de intransitabilidad.
Precisamente, el Alto Paraguay es una de las regiones donde los habitantes sufren las más graves penurias cuando van a atender su salud, ya que muchas veces deben trasladarse centenares de kilómetros hasta Concepción, Asunción e incluso Pedro Juan Caballero para un parto o algún asunto de cierta delicadeza. El actual ministro de Salud, Julio Mazzoleni, había señalado, poco antes de asumir el cargo en agosto pasado, que esta realidad “le quita el sueño”, pero hasta ahora su gran preocupación no se ha concretado en hechos en beneficio de la población de la lejana zona.
En San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones, el hospital regional tiene goteras, humedad, y en días de intensa lluvia el agua inunda el edificio.
En Paso Yobái, Guairá, en el centro del país, un hombre falleció recientemente a raíz de un insecto que le entró en la nariz, y la carencia de médico en el centro de salud impidió su atención y la aplicación de medicamentos.
El director de Servicios Generales del Ministerio de Salud, Dr. Juan Carlos Portillo, informó que faltan en el país unas 3.000 camas de terapia intensiva y que, además, existe una aguda necesidad de personal para esa especialidad.
Y se puede continuar llenando páginas y páginas con las miserias y penurias de la salud pública en el Paraguay, que revelan un terrible y prolongado abandono de este sector por los sucesivos Gobiernos.
En contrapartida, y ajenos a estos dramas, quienes deberían legislar en el Presupuesto nacional las mejoras en las asignaciones y el uso racional de esos recursos, los legisladores, son los más autofavorecidos del país en materia de salud. Son quienes marcan más profundamente la desigualdad social en ese campo. A principios de este año, el presidente de la Cámara de Diputados suscribió un contrato con un seguro privado para proveer asistencia integral, o sea, servicios médicos y odontológicos, a los 80 titulares de ese colectivo y a 1.318 funcionarios, por un total de 21.808.800.000 guaraníes (US$ 4.016.551), solamente para cubrir el año en curso. Por supuesto, no necesitarán utilizar los precarios servicios de la salud pública. De más está decir que los montos de estos dispendios no se descuentan de sus remuneraciones, como sí se hace rigurosamente con todos los trabajadores del país, les agrade o no, utilicen o no los servicios de IPS.
Es de desear que a las autoridades del nuevo Gobierno no solo les “quite el sueño” este deprimente drama nacional, y que no apunten las deficiencias existentes solamente para achacarlas a sus predecesores, sino que esa preocupación se trasunte en hechos concretos para tratar de revertir paulatinamente tan dolorosa y lamentable situación.