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Mientras el gobierno del presidente Horacio Cartes sigue tercamente empeñado en su ineficaz estrategia de lucha contra el grupo criminal EPP, al cumplirse un año de su aparatoso despliegue en la zona norte del país las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) no han logrado concretar un solo golpe exitoso contra la organización criminal. Por el contrario, en ese lapso han sumado media docena de incursiones fallidas, la última de las cuales se dio el viernes 5 del corriente en la localidad de Kurusu de Hierro, en el departamento de Concepción, en un operativo llevado a cabo supuestamente para capturar a componentes del primer anillo de la organización criminal, quienes, a estar por informes de inteligencia, irían a reunirse en casa de una familia componente de su equipo de apoyo logístico. Como en ocasiones anteriores, la incursión de las fuerzas de seguridad terminó en rotundo fracaso al no conseguir capturar o abatir a ninguno de los forajidos, con el embarazoso saldo de dos muertos y un herido grave de miembros de la familia en cuya vivienda supuestamente tenía que llevarse a cabo la mencionada reunión furtiva.
Mientras las FTC suman chambonadas tras chambonadas en sus desprolijos operativos tratando de capturar o abatir a los integrantes del EPP, estos siguen fortaleciendo su organización delictiva con el reclutamiento de nuevos miembros y la cooptación de adherentes para apoyo logístico, lo que les permite aumentar sus cuadros, tener mayor alcance geográfico para sus incursiones y obtener un nivel de sofisticación ideológica y una influencia que no tenían hace cinco años.
La organización criminal terrorista está también aumentando su poder mediante la creación de organizaciones criminales subsidiarias, como la Asociación Campesina Armada (ACA) liderada por los hermanos Albino Jara Larrea y Alfredo Jara Larrea, ligada a los cultivadores de marihuana de la zona como protectores, a cambio de un “impuesto revolucionario”, según reciente denuncia del ministro de la Senad, Luis Alberto Rojas. Contrariamente a lo manifestado por el ministro del Interior y otras autoridades responsables de la seguridad interior de la República, la emergencia de grupos criminales subsidiarios como el ACA, lejos de debilitar al EPP, más bien lo fortalece, pues interactúan criminalmente de común acuerdo. Estos grupos subsidiarios emergentes no deben ser ignorados por el Gobierno.
Así las cosas, llegado es el momento para que el presidente Horacio Cartes reevalúe y actualice su concepción acerca del fortalecimiento del EPP mediante la creación de organizaciones criminales subsidiarias que irán apareciendo con el transcurso del tiempo. Por el bien de la seguridad interna del país –factor indispensable para la radicación de capital extranjero que promueva el desarrollo económico y cree puestos de trabajo–, el Presidente de la República debe adoptar un marco de referencia conceptual más amplio y realista del drama creado por este grupo criminal terrorista que el que al parecer tiene actualmente, a fin de entender mejor cómo y hasta qué grado el EPP se está convirtiendo en una amenaza para la seguridad nacional y, por consiguiente, para sus ambiciosos planes de gobierno y, en última instancia, hasta para la propia estabilidad política del Estado.
El hecho de que las organizaciones subsidiarias del EPP, como el ACA –y muy probablemente la de los narcotraficantes y cultivadores de marihuana de la zona–, tengan objetivos básicos diferentes no les impide compartir una ideología coherente centrada en un supuesto nacionalismo que se opone a la proliferación del monocultivo de la soja. En todo caso, las diferencias que pudieran darse entre ellos provendrían de la dificultad de ponerse de acuerdo sobre parámetros de autonomía operacional, como la razón que llevó a los hermanos Jara Larrea a desprenderse del liderazgo del primer anillo del EPP.
Hasta ahora el EPP no constituye una organización criminal terrorista de estructura piramidal, y al parecer tampoco ejerce comando y control plenos sobre las diferentes células que lo componen. Tampoco su rol ideológico es preponderante en términos de influenciar su actividad primariamente criminal. Debido a su dispersa estructura, el EPP opera como una red jerárquica descentralizada en los que los niveles de autoridad de comando no siempre son claros; los vínculos personales y familiares tienen peso dentro de la organización y algunas veces trascienden la estructura de comando y crean las disidencias de las que se tienen noticias.
Los líderes históricos de la organización criminal buscan ejercer comando y control estratégicos para asegurar la centralización de las acciones terroristas del grupo, así como sus mensajes ideológicos, al tiempo de dar libertad de acción a sus diferentes células para perpetrar sus golpes contra los establecimientos agrícolas y ganaderos en su zona de acción. En tal contexto operacional, el EPP continuará alentando a sus subsidiarias y grupos de apoyo logístico a perpetrar incursiones criminales y continuará utilizando las reacciones que tales acciones provoquen en la opinión pública para perseguir sus fines ideológicos. A sus líderes les interesa que la imagen estratégica de la organización refleje cabalmente la dinámica operacional del grupo para ocultar cualquier resquebrajamiento de su estructura.
De cara a este escenario, el Gobierno debe concluir que las estrategias y tácticas que han permitido al EPP expandirse durante los casi diez años que lleva activando no han sido debidamente tenidas en cuenta por las autoridades responsables de la seguridad pública; razón primaria del fracaso de las fuerzas de seguridad en su hasta ahora estéril lucha contra el grupo criminal terrorista. Se impone, pues, que el presidente Horacio Cartes asuma una actitud más firme en la guerra contra el EPP para librar a la nación de este terrible flagelo que la mantiene en vilo desde hace tanto tiempo.