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Tanto el programa del gobierno de Fernando Lugo “Tekoporã” como el del presidente Horacio Cartes “Sembrando Oportunidades”, enderezados a asistir a familias rurales carenciadas el uno, y a aumentar el ingreso de los pequeños agricultores mediante la venta directa de sus productos a las gobernaciones para alimentación escolar, sin burocracia ni intermediarios, el otro, son iniciativas altamente loables.
Lamentablemente, ambos programas –al igual que el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide)– no alcanzaron ni están alcanzando los objetivos propuestos debido a la corrupción inherente a la administración de los mismos por parte de gobernadores, intendentes y operadores políticos ladrones y a la absoluta impunidad con que estos malandrines actúan en el pillaje de la poca plata que el Gobierno canaliza para atenuar la pobreza que aflige a buena parte de la población de nuestro país, en particular en las áreas rurales.
Similares experiencias gubernamentales en otras naciones han tropezado con idéntica dificultad básica: la ayuda no llega a sus destinatarios, sino que se la engullen las autoridades políticas encargadas de su implementación en la cadena burocrática de gestión. Esto ha sucedido con programas similares en México y Brasil, por citar dos países de nuestra región que, no obstante, han tenido finalmente éxito, mediante drásticas medidas correctivas contra la deshonestidad administrativa de funcionarios y autoridades locales electas.
Los gobiernos de ciertos países africanos subsaharianos con altos índices de pobreza y desigualdad han impulsado también programas del mismo tenor y con idéntico fin, pero, como sucede aquí, no han podido avanzar por el camino del éxito debido a la deshonestidad enquistada en la administración pública. Tanzania, por ejemplo, ha invertido fuertemente para mejorar la productividad de su agricultura, especialmente en asistencia técnica y en subsidios para fertilizantes. En 2009, a fin de canalizar con más objetividad y eficacia los subsidios, el Gobierno introdujo un sistema de mercadeo con vales que entregaba a los agricultores para comprar fertilizantes, siendo los vendedores de los productos pagados por el Gobierno. Desafortunadamente, como aquí, las autoridades locales elegidas por el voto popular: gobernadores, intendentes, concejales y demás, terminaron apropiándose indebidamente de cerca del 60 por ciento de los vales agrícolas, impidiendo que muchos agricultores pobres pudieran tener acceso a la ayuda gubernamental para mejorar su productividad.
En nuestro país, al poco tiempo de haberse implementado la plausible medida gubernamental mediante programas piloto en los departamentos de Paraguarí y Misiones, rápidamente la corrupción está malográndola. Se esperaba que, sin intermediarios ni burocracia administrativa de por medio, el agricultor pobre podía elevar su exiguo margen de beneficio tradicional de 10 o 15 por ciento hasta 40 o 50 por ciento del precio al detalle de su producto, como los de los países ricos. Pero, así como van las cosas, tal meta no se alcanzará, a menos que el Gobierno endurezca los controles contra la irrupción de los depredadores políticos que por el camino se quedan con la plata destinada a los pequeños pobres agricultores.
Los medios de comunicación que monitorean el pulso del país han comprobado que, al igual que en los países africanos, aquí también son los funcionarios públicos, las autoridades departamentales electas y los infaltables “seccionaleros” de la ANR los que están sacando el mayor provecho de la ayuda que el Gobierno pretende proporcionar al campesino pobre que labra su chacra en condiciones miserables de productividad. Prestamente, los gobernadores de los dos departamentos piloto, con la complicidad de sus propios empleados y operadores políticos, se han asociado para violar las normas y los procedimientos administrativos estipulados por la ley para las compras directas del productor, no a través de intermediación selectiva, como lo vienen haciendo.
Por ejemplo, entre varios casos denunciados, recientemente se ha constatado que el gobernador del departamento de Misiones, Derlis Maidana (colorado), ha contratado como proveedora de alimentos para almuerzo escolar a su propia jefa de protocolo, Patricia Ozuna Cálcena, con quien suscribió dos contratos por valor de G. 14 millones por mes. Por su parte, Antonia Elizabeth del Puerto Ibarra, miembro suplente de la seccional colorada de San Juan Bautista, Misiones, fue adjudicada con una compra de G. 454 millones sin ser pequeña agricultora, sino mera comerciante. Como ella, también fueron beneficiados Jorge Luis Maidana Marecos, miembro suplente de la seccional colorada de Santa Rosa, y María Josefina Roldán López, de la seccional de San Ignacio. Y así por el estilo, otros políticos del departamento de Misiones. Y lo que sucede con el plan piloto en el departamento de Misiones sucede también en el de Paraguarí. Esto, en abierta violación de la Ley de Contrataciones Públicas y de lo que dispone el Decreto 1056/13 para la compra directa a pequeños productores.
Mejorar la tremenda inequidad económica y social que soporta el productor campesino pobre es el objetivo que persigue el Gobierno a través de sus programas sociales de asistencia directa e indirecta al pequeño agricultor, pero que los administradores políticos ladrones de turno se encargan de malograr impunemente. Queda claro que en estas condiciones de desembozada deshonestidad pública la ayuda no llega a sus destinatarios, sino a los bolsillos de las autoridades que la administran y de los intermediarios cómplices. De hecho, nuestro diario advirtió que, de no observarse los mecanismos que exige la ley, este programa gubernamental podía desembocar en situaciones asquerosas como las que estamos criticando.
Para que los programas sociales de lucha contra la pobreza rindan los frutos esperados, es necesario que el presidente Horacio Cartes moralice el gerenciamiento de los mismos mediante medidas correctivas enérgicas, castigando ejemplarmente a los administradores bandidos, sean ellos funcionarios de la administración pública o autoridades electas, sin distinción. Si no procede así, continuará el inmoral festín con el dinero destinado a la población más carenciada de nuestro país.