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Acerca del caso de la aparición escandalosa de la “narcopolítica” en nuestro país, hay que decir inicialmente dos verdades importantes: que se trata de un engendro que estaba siendo anunciado por la prensa desde más de una década atrás y que desmiente uno de los pretextos más utilizados por los políticos profesionales: que si el Estado no subsidia la actividad política, las organizaciones criminales lo harán.
Actualmente, a las personas que pagan sus impuestos en el Paraguay el funcionamiento del sistema de partidos les cuesta nada menos que 70.000 millones de guaraníes, equivalentes a casi 16 millones de dólares, cifra con la cual el lector podrá calcular por sí solo cuántas escuelas, centros de salud, caminos, edificios, etc. podrían edificarse, repararse, equiparse y destinarse en mejores condiciones al bienestar y progreso colectivo.
En otras palabras, si entre todos estamos entregando este dineral para subsidiar a los partidos políticos (en realidad, a sus dirigentes y a sus paniaguados), supuestamente para solventar los costos de su organización y funcionamiento, de sus campañas electorales, de su publicidad y proselitismo, lo menos que podemos exigirles es que los justifiquen con devolución a la sociedad de beneficios intangibles. Por ejemplo, la educación cívica de las comunidades, la promoción de mejores conductas democráticas, la promoción de la igualdad de derechos políticos y la no discriminación, la equidad en el goce de prerrogativas y ventajas, la excelencia ética en la selección de sus candidatos, entre otros valores fundamentales para una sociedad civilizada.
Pero, sobre todo, podemos exigirles que no se ensucien aceptando dinero de los criminales.
Resulta, sin embargo, que no solamente no devuelven al país nada, o muy poco de lo citado, sino que se corrompen, apropiándose cada vez de mayores cantidades de recursos públicos (en especial el partido en el Gobierno), rapiñando al erario ventajas y privilegios indebidos o exagerados, como hacen habitualmente los legisladores del Estado y de las Municipalidades.
Y a esto se agrega, ahora, la profunda y descarada infiltración que evidentemente padecen de parte de las organizaciones de narcotráfico, las que, como sucedió en otros países azotados por esta plaga, se permiten financiar campañas electorales y hacer elegir a sus candidatos preferidos para cargos que van desde el Congreso hasta las juntas departamentales y municipales de varias localidades del país.
Pero, ¿qué pasó con el argumento de que si el Estado no subsidiara a los partidos estos acabarían financiados por las organizaciones criminales?
Ahora tenemos los dos males juntos: el Estado dilapida 16 millones de dólares para sostener económicamente estas organizaciones políticas y, al mismo tiempo, algunas de ellas se permiten dejarse infiltrar, o sea, financiar, por los narcotraficantes.
Es obvio, por consiguiente, que el argumento mencionado no es más que una falacia, como varias veces la prensa lo denunció con anterioridad, desde cuando el Congreso nos impuso a todos estos subsidios y aportes forzosos a los partidos. El tal argumento no es más que un engaño destinado a dar fundamento a un privilegio injusto y desmedido, que aprovecha a unas cuantas organizaciones políticas y, sobre todo, a unas pocas cúpulas de dirigentes, lo que hace aún más grave este formidable timo que nos encajaron en nombre de la democracia, una vez más.
La opinión pública es casi unánime en la protesta y exigencia de que los partidos y movimientos políticos dejen de recibir el subsidio permanente y los aportes por campañas electorales.
Lo que la gente desea es sencillo: volver a los tiempos en que cada partido solventaba sus gastos de organización y funcionamiento, principio rector de la actividad humana denominada “política”. Para sostenerse y actuar, las organizaciones requerían a sus adherentes aportes y contribuciones; y así todavía se hace en la mayor parte de los países realmente democráticos, en muchos de los cuales, incluso, se ponen límites a estos aportes, para que no sobrepasen ciertas cantidades consideradas suficientes.
Pero aquí, como la política fue bastardeada y la democracia convertida en mercancía que se compra y se vende, los adherentes de candidaturas y banderas partidarias se acostumbraron no a sostener el partido, movimiento o campaña de su preferencia, sino a recibir beneficios particulares de parte de ellos. Se comprende, entonces, que en tan prostituido sistema ninguna fuente económica sea suficiente.
De modo que es fácil vaticinar que la recurrencia de ciertos candidatos a los aportes del narcotráfico será un fenómeno más y más extendido y agravado. Y que cada vez serán más los que lo hagan, porque los subsidios estatales no les alcanzarán o, llegándoles, no serán suficientes. Conociendo el modo de practicarse la política, los electores a su vez irán incrementando sus exigencias de premios y prebendas para apoyar a los candidatos, por lo que estos también necesitarán mayor cantidad de fondos para satisfacer estas demandas de su clientela. De esta manera, llegará el momento en que solamente los cuantiosos recursos de las organizaciones criminales podrán pagar los altos costos de la actividad electoral.
Si los legisladores no son capaces de cerrar esta canilla por donde se derrochan anualmente alrededor de 16 millones de dólares, la ciudadanía debe buscar la manera de vetarles en vez de votarles en las próximas elecciones. No es el caso que un escuálido pueblo, que sobrevive a duras penas, continúe financiando las actividades de unos parásitos que viven de arriba.