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Controlar la gestión de los gobernantes es, según nuestra actual Constitución, tarea legislativa y judicial, pero fundamentalmente es responsabilidad de la Contraloría General de la República, institución que legalmente no depende de ninguno de los Poderes del Estado, de modo que cuente con la suficiente autonomía en su delicada función de sanear la administración de la cosa pública.
Corresponden en consecuencia a esta institución nada menos que el control, la vigilancia y fiscalización de todos los bienes públicos y el patrimonio del Estado, incluidos municipios, empresas públicas, entidades mixtas, hasta la banca central, razón por la cual se le ha dotado de todos los recursos técnicos, tecnológicos, físicos, financieros y humanos que la disponibilidad permita para el fiel cumplimiento de su cometido.
Además de todo esto, la Contraloría es responsable del control de la ejecución del Presupuesto General de la Nación y de todos los presupuestos de entidades públicas, de la fiscalización de las cuentas nacionales y del registro de la declaración jurada de bienes de los funcionarios. Por lo tanto, se comprende que exista el máximo interés en la conformación de sus autoridades y que estas reúnan los requisitos mínimos de idoneidad, honestidad y honorabilidad para el desempeño en el cargo.
Naturalmente, una institución de esta naturaleza necesita de autonomía de los tres Poderes del Estado para tener la capacidad de llevar adelante una misión tan delicada y con un derrotero cargado y entrecruzado por intereses creados, la mayoría de ellos vinculados a la corrupción existente y en gestación en torno a la vida pública. La Constitución, para ello, otorga a la Contraloría autonomía funcional y administrativa, además de garantizar la inamovilidad del contralor y subcontralor, y de dotarles de las mismas inmunidades de magistrados judiciales.
Sin embargo, en la práctica ambos cargos dependen de la voluntad política de quienes ejercen la representación parlamentaria, tanto para ser nombrados como para ser removidos. Sus nombramientos surgen de ternas propuestas por la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, y ambas, juicio político de por medio, tienen la atribución de cesar en el cargo a los dos principales funcionarios, por mal desempeño en las funciones.
Es lo que sucede actualmente, pero la primera parte de la historia terminó con la renuncia del contralor, y todo parece indicar que lo mismo sucederá con la funcionaria que lo sucedió en el cargo, ahora también sometida a juicio político. Es decir, estamos en la etapa final del mandato de las autoridades de la Contraloría, cuyo plazo fenece en diciembre, y seguramente el período faltante se completará con el interinazgo de un funcionario de tercer rango.
Si bien importa lo que pasará con la suerte de quienes quedan al frente de la institución de aquí a diciembre, mucho más importan el criterio, la doctrina y las condiciones en que nacerán las autoridades del próximo período. Si nuestros políticos responsables de nombrarlas aplican la famosa doctrina excluyente “orehaitéma” (es nuestra oportunidad), que ya lleva el sello de la corrupción consentida desde arriba para un grupo político con el guiño cómplice de los demás, estaremos asistiendo al parto de un engendro, donde de entrada se pisotearán todos los principios y normas establecidos para el honesto desempeño de la institución.
En apariencia, es saludable el criterio político vigente de que al frente de la Contraloría no deben estar personas que comulgan con el oficialismo para evitar que el “sospechoso” se controle a sí mismo, razón por la cual los opositores al actual gobierno ya se frotan las manos para acceder a los cargos. No obstante, la experiencia desde la fundación de la Contraloría en el año 1993 muestra que esta doctrina no fue suficiente, y menos aún garantía para evitar todo tipo de delitos de corrupción y fraude en la administración pública, y, peor aún, para evitar el enriquecimiento de funcionarios públicos a costa del erario.
A través del tiempo, los contralores “opositores” encontraron la fórmula de que el poder administrador no sienta el peso de la institución, excepto cuando se trata de pasar facturas políticas de sus aliados en las cámaras del Poder Legislativo, de modo que la fama con que cuenta actualmente la Contraloría es que, en vez de experta en rendición de cuentas, la institución se volvió experta en “ajuste de cuentas”, procedimiento por el cual se remueven intendentes o se los retiene en el cargo según sea el grado de fidelidad o capacidad de pago. O se coloca en la cuerda floja a ministros o titulares de entes, o por el contrario se los blanquea. En otros casos, simplemente se los mantiene en “stand by” mediante arreglos de cajoneo o negociaciones de dictámenes desfavorables que finalmente aparecen corregidos.
Esta es la triste experiencia que hemos pasado con nuestra Contraloría.
Si los diputados y senadores vuelven a elegir contralor y subcontralor con el criterio de siempre de que al elegido se le puede pedir lo que sea para favorecer a los amigos, lo cual está demostrado que es absolutamente factible tanto con oficialistas como con opositores, lo que se hará en diciembre con la elección de nuevas autoridades de la Contraloría es simplemente instalar en la institución a futuros nuevos ricos y despedir a otros a disfrutar impunidad.
Si el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en las palabras de Lincoln, significa que el pueblo tiene el derecho de controlar a su gobierno, corresponde que los ciudadanos intervengan en el análisis del currículum de cada uno de quienes se postulan para el cargo. Pueden manifestar su apoyo o efectuar sus denuncias a través de las redes sociales.