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Ignorando el alcance de sus atribuciones, y arrojando sobre sí misma una sospechosa aureola con tufo a narcopolítica, la intendenta del municipio de Sargento José Félix López (Puentesiño), María Laude Morel (ANR), se permitió pedir el traslado de todos los policías locales, encabezados por el oficial inspector Eulalio Florentín, que el 4 de noviembre último rescataron de las garras de una turba de más de 500 personas a cuatro agentes de la Senad y a tres funcionarios del Ministerio Público que habían interceptado un cargamento de marihuana transportado por un hermano del entonces intendente interino, Francisco Sánchez (ANR).
La jefa comunal alega que los policías, que volvieron a incautar el cargamento cuando se pretendió trasladarlo en otro camión, involucraron a personas inocentes entre las más de treinta que hoy tienen orden de captura.
Los graves incidentes y el insólito pedido revelan que el narcotráfico tiene un gran peso político y socioeconómico en muchos municipios, pero también demuestran que hay agentes de la administración dispuestos a cumplir con su deber. Los hechos delictivos ocurrieron en una pequeña localidad, en la que, evidentemente, una buena parte de la población se dedica al cultivo y a la comercialización de la marihuana. Tan es así que hay incluso cooperativas que aglutinan a los productores y a los traficantes, según lo reveló a radio ABC Cardinal un jefe policial de la zona. Siendo así, el dinero sucio sería imprescindible para ganar unas elecciones comunales. No es una casualidad que entre los cabecillas de la agresiva muchedumbre hayan figurado, aparte del citado exjefe comunal interino, los exintendentes Alfredo Zabala (PLRA) y Gilberto Rojas (ANR), así como el expresidente de la Junta Municipal Justimiano Balbuena (PLRA) y el actual concejal suplente Víctor Ayala (ANR).
Parece claro que el gobierno municipal estuvo o está en manos de quienes no vacilan en proteger una actividad ilícita mediante el uso de la fuerza ni están dispuestos a tolerar que los agentes del orden público interfieran en ella. Por eso mismo, es digna de aplauso la conducta que tuvieron los miembros de la comisaría policial cuyo traslado, que en realidad sería una sanción, ahora la intendenta Morel solicita con el mayor desparpajo. Cabe imaginar las presiones y las tentaciones a las que están expuestos en su faena diaria, de modo que su actuación en el caso referido solo puede calificarse de ejemplar. El respaldo que les ha dado el fiscal de Concepción, Celso Morales, quien dispuso las detenciones de rigor, debe ser acompañado por la ciudadanía harta de que la narcopolítica sea cada vez más influyente. Es de esperar que la iniciativa de la jefa comunal sea rechazada, pues de lo contrario se habrá demostrado, una vez más, que el Estado ha sido corroído hasta la médula por la delincuencia instalada en las entidades públicas.
Por último, el gobernador de Concepción, Luis Urbieta (ANR), cuyos buenos oficios fueron solicitados para desmantelar la comisaría policial, afirmó que no intervendría “si es por una cuestión política”, por ser “algo grave”. Para él, entonces, el “narcotráfico” es sinónimo de “política”.
Aquí no se trata de una cuestión política, sino penal, de modo que el lapsus de este funcionario es bastante elocuente: dice mucho acerca de la inserción del narcotráfico en la política, tanto que el gobernador los identifica sin querer.