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En oportunidad de reunir al Gabinete de ministros en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga, el pasado 29 de julio, el presidente Horacio Cartes instó a sus colaboradores a impulsar con más ímpetu las obras de infraestructura y de asistencia social emprendidas por el Gobierno a fin de concretar el desarrollo económico y generar puestos de trabajo. En la ocasión, el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, presentó un mapa de empleo, mostrando que la mayor cantidad de mano de obra disponible en el país se concentra en los departamentos de Central, Itapúa y Alto Paraná. Hecho que no sorprende, habida cuenta de que son los más poblados de la República.
El Primer Mandatario criticó la cansina inercia de la burocracia estatal que a dos años de gobierno no ha conseguido mejorar su desempeño acelerando el avance de las obras encaradas a nivel nacional. Por su parte, el ministro Sosa señaló que pese a la gradual reducción de la economía informal y, concomitantemente, de la mano de obra informal, en los últimos años, ella continúa alta y preocupante: “Los números siguen siendo altos y preocupantes, estamos hablando de alrededor de un 65 por ciento de informalidad entre negocios informales y empleos informales”, dijo el ministro en un punto de su exposición.
Al asumir el cargo, el presidente Horacio Cartes lanzó un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo (Paraguay 2014-2030) centrado en tres grandes ejes de acción: reducción de la pobreza y desarrollo social, crecimiento económico inclusivo, e inserción del Paraguay en el mundo en forma adecuada. Faltando poco para llegar a la mitad de su mandato constitucional, el Presidente de la República tiene suficientes motivos institucionales y políticos para sentirse frustrado por la parsimonia demostrada por su “selección nacional” de colaboradores ministeriales en cuanto al dinamismo indispensable para impulsar los programas de gobierno en tiempo oportuno.
Pese al lapso transcurrido, las inversiones del sector público, asociadas con aportes de inversores privados, nacionales y extranjeros, hasta ahora no han podido concretarse, a pesar de ser una prioridad en el programa de gobierno. Para peor, pese a la suficiente disponibilidad de recursos financieros, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), la repartición estatal con mayor presupuesto de inversión, hasta ahora no ha conseguido salir de su histórica modorra institucional. Con un presupuesto asignado para el corriente año de unos US$ 774 millones, al cabo de seis meses su ejecución solo llega al 26,68 por ciento, muy lejos del discurso del ministro de aumentar la inversión a US$ 1.000 millones al año.
Hay una contradicción inherente entre la retórica del presidente Cartes reclamando más dinamismo institucional a sus máximos colaboradores para acelerar el avance de las obras públicas que generan puestos de trabajo, y el reticente gerenciamiento en tal sentido de los jefes de algunas reparticiones públicas, como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). En efecto, desde el inicio de este gobierno la institución pública con mayor presupuesto de inversión después del MOPC ha venido saboteando sistemáticamente la política de creación de empleos impulsada por el Presidente de la República, al impedir la participación de la industria nacional en la construcción de las obras de infraestructura de transmisión y distribución eléctricas. Primero, fue la construcción de la línea de 500 kV de Itaipú a Villa Hayes y sus subestaciones correspondientes, financiada con un aporte adicional del Brasil, vía Focem y, por lo tanto, a la libre disposición del Gobierno nacional. Ello, no obstante, la ANDE, administradora del proyecto (Itaipú fue mera supervisora técnica) no permitió que la industria metalúrgica nacional proveyera los materiales para las torres, de igual calidad que lo importado del Brasil.
El segundo mazazo asestado a la misma industria nacional ha sido su exclusión como oferente de las torres metálicas para la línea de transmisión de 500 kV de Yacyretá a Villa Hayes, incluidas las dos subestaciones terminales. Según informes de las instituciones financieras internacionales que concedieron los créditos para su construcción, la modalidad de contratación “llave en mano” fue una decisión privativa de la ANDE. Extrañamente, hasta ahora el presidente Cartes no ha movido un dedo para rever esa antipatriótica medida del ente estatal que priva a la industria metalúrgica nacional de la oportunidad de acceder a la calidad de proveedor calificado de estructuras metálicas para torres de transmisión y de distribución eléctrica. Pero la potencial ganancia comercial de los empresarios del sector nucleados en el Centro de Industriales Metalúrgicos del Paraguay (Cime) palidece al compararla con el enorme beneficio económico y social que hubiera representado la creación de unos 2.000 puestos de trabajo que la provisión del material hubiera requerido.
Esta contradictoria actitud del Presidente de la República abre en la conciencia pública una brecha de credibilidad en cuanto a la coherencia de su política de crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Confiados en que al final el Primer Mandatario decida revertir tamaño perjuicio económico y social, por partida doble, directivos del Cime se han reunido con el ministro de Hacienda, Santiago Peña, solicitándole que el Poder Ejecutivo emita un decreto que garantice a las empresas paraguayas participación y trabajo en las licitaciones de obras que lleva a cabo la ANDE. Una verdadera vergüenza para el Gobierno que se deba llegar a ese extremo.
La construcción de infraestructuras dinamiza la economía, estimula el consumo doméstico y crea empleos, directa e indirectamente. El Presidente de la República tiene la patriótica obligación de erradicar de su gobierno a quienes conspiran contra el desarrollo del país y no apuestan prioritariamente al fortalecimiento de la industria nacional.