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CARACAS (AFP, EFE ANSA).El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, dijo que las detenciones practicadas la noche del miércoles de Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal (estado de Táchira) y del alcalde de San Diego (Carabobo), Enzo Scarano, se debieron a que “no tomaron acciones” para prevenir los desórdenes públicos en las protestas.
Rodríguez Torres informó que ambos fueron trasladados a la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, y que el alcalde de San Diego fue condenado a 10 meses de cárcel y a su inhabilitación.
Las detenciones de estos dos alcaldes se suman al encarcelamiento a mediados de febrero del dirigente opositor Leopoldo López, acusado de instigar a la violencia con sus llamados a protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Venezuela vive una oleada de protestas contra el Gobierno desde hace más de un mes que han dejado un balance oficial de 31 muertos, más de 400 heridos y más de mil detenidos.
Estos dos apresamientos se suman a la ofensiva del chavismo contra los opositores, que han visto cómo el gobierno de Maduro ha puesto tras las rejas en las últimas semanas a tres de sus dirigentes y tiene en la mira a una diputada opositora, María Corina Machado.
El gobernante los acusa de promover “un golpe de Estado” a raíz de las protestas de estudiantes y partidos políticos contra la inseguridad, la escasez de alimentos y la inflación galopante.
Justicia chavista
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano ha avalado siempre las tesis más rebuscadas para justificar diversos actos del Ejecutivo, llegando a afirmar su presidente, Luisa Morales, que la “división de poderes debilita al Estado”.
Hasta que en 2013, al inaugurar el año judicial, la titular del Tribunal manifestó abiertamente, y sin tapujos: “como Poder Judicial asumimos continuar construyendo (...) el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela”.