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“Todo está dado para que haya una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”, dijo Tamara Sujú, de Casla, que en mayo de 2016 y enero de 2017 presentó a la magistratura internacional dos expedientes de torturas que afectarían a más de 600 personas.
“Entre los crímenes de lesa humanidad contemplados están el asesinato por motivos políticos, el encarcelamiento injusto contra personas por motivos políticos, las torturas y la persecución sistemática contra una población o grupo”, indicaron.
Entre otros, se detalla el maltrato a la abogada Yolibeth Colmenares, que fue detenida en una manifestación y sufrió vejaciones, como ser golpeada con puntapiés y la culata de armas de fuego, y recibir orina en sus partes íntimas. Se describe también la violación de Cristian Jiménez, atribuido a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.
La denuncia resalta que las “cabezas de mando de la terrible represión y violación de los derechos humanos que sufre la sociedad venezolana tienen nombres y apellidos”.
Como el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa; general Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; general Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana; general Gustavo González López, director del SEBIN (policía secreta del régimen); general Iván Hernández Dala, director de Inteligencia Militar; general Carlos Pérez, director de la Policía Nacional.