Por caso Gürtel, justicia condena a PP de España

MADRID (AFP). El tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid, encargada entre otros casos de graves delitos de corrupción, consideró probado que el PP sacó provecho de una trama de financiación ilegal conocida como trama Gürtel (similiar al caso “Lava Jato” en Brasil). 

Además, se demostró la existencia de una contabilidad paralela desde 1989 gestionada por su extesorero Luis Bárcenas, condenado a 33 años de cárcel y multa de 44 millones de euros (G. 308.000 millones). La Justicia también ordenó al PP a pagar 245.492 euros (G. 1.700 millones) como “partícipe a título lucrativo” del caso. 

Los magistrados diseccionan un sistema de sobornos a funcionarios y responsables del PP a cambio de contratos públicos, entre 1999 y 2005 en diferentes regiones del país. 

Estas actividades “produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos”, afirma la sentencia.

El texto también confirma la existencia de una “caja B” en el seno de la formación, “una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989”. 

El caso Gürtel lo convirtió en julio de 2017 a Mariano Rajoy en el primer jefe de gobierno en ejercicio en comparecer como testigo ante un tribunal, ante el que dijo no haberse ocupado “jamás” de la contabilidad del partido, pese a llevar tres décadas ocupando cargos directivos. 

Durante la investigación, Luis Bárcenas sostuvo que entregó cada mes a los altos dirigentes del PP sobres con miles de euros “en billetes de 500”. El tribunal consideró que el extesorero era el pilar del caso junto al empresario Francisco Correa, que se lleva la mayor pena, con 51 años y 11 meses de prisión. 

Los escándalos de corrupción minaron en los últimos años al PP, que pasó de ostentar la mayoría absoluta (2011-2015) a tener que lidiar con un Congreso hostil, en clara minoría de 134 sobre 350 diputados. 

Su principal apoyo ha sido el partido Ciudadanos (centroderecha), que junto a los nacionalistas conservadores vascos y otras fuerzas políticas menores permitió esta semana la tardía aprobación de los presupuestos de 2018.

Animados, sin embargo, por su crecimiento en las encuestas y la esperanza de arrebatar la hegemonía del PP en la derecha, esta formación pasó a la ofensiva, con la mira puesta en las elecciones municipales y regionales de 2019 y las legislativas de 2020.