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La recusación está dirigida contra el fiscal adjunto Federico Espinoza y los fiscales Igor Cáceres, René Fernández, Yolanda Portillo, José dos Santos y Luis Piñánez.
Con relación a Espinoza, señala que la acción de inconstitucionalidad que promovió con el fin de anular la imputación, el mismo intervino en el expediente sin ser parte, para recusar a los ministros Óscar Bajac y César Garay. La defensa cuestiona además los argumentos esgrimidos por el fiscal adjunto, que hace referencia a que los ministros están inmersos en un proceso de juicio político y que miembros del Senado estarían contra el progreso de dicho juicio.
La defensa advierte que el 25 de abril Espinoza imputó al ministro Blanco por supuesto prevaricato y al día siguiente pidió su separación del caso.
“Evidentemente, el fiscal Espinoza al manifestar que senadores de la Nación poseen votos esenciales para que los juicios políticos no prosperen, pretende dirigir los votos de los mismos a una condena del enjuiciado, no siendo él ni el Ministerio Público parte de dicho proceso (...)”, señala la nota.
La recusación a los demás fiscales es por haber recusado a Blanco con los mismos argumentos utilizados por Espinoza, y que fueron rechazados por la Corte.
Este caso tiene relación con la contratación de la empresa Todo Verde Emprendimiento, de Alejandro Apolonio Giménez (imputado como cómplice de la lesión), que debía realizar refacciones en comisarías de todo el país. La firma recibió un monto total de G. 1.131.812.500, pero no concluyó los trabajos.