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“El hoy acusado Marcial Speranza Jara, teniendo pleno conocimiento de que no reunía los requisitos establecidos, solicitó comprar dicho inmueble y argumentó falsamente su voluntad de dedicarse a la ganadería; con la intención de acceder a la adjudicación del mismo, el cual forma parte del patrimonio del Indert y está destinado exclusivamente a la reforma agraria”, dice la acusación de la fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Añade: “Speranza Jara nunca tuvo la intención formal de dedicarse habitualmente a la ganadería, pues su actividad básicamente consiste en la prestación de servicios; primero como cobrador y luego como funcionario público, con una remuneración que no le permitía dedicarse a la ganadería y mucho menos cumplir con el millonario plan de inversión presentado ante el Indert”.
También señala que está comprobada la incapacidad económica para desarrollar el plan de inversión al que se había comprometido.
“(Esto) es constatada con los informes de las distintas entidades financieras que informaron que el mismo no posee dinero ni valores. Además, la Subsecretaría de Estado de Tributación informó que el acusado no es contribuyente de ningún impuesto, y el Servicio Nacional de Catastro comunicó que no posee inmuebles”.
El plan de inversión que nunca cumplió debía llegar a los G. 2.761.780.000.
El inmueble en cuestión está ubicado en Mayor Infante Rivarola, distrito de Mariscal Estigarribia, del departamento de Boquerón, con una superficie de 3.999 hectáreas, 8.068 metros cuadrados y 7.517 centímetros cuadrados.
Actualmente, la propiedad tiene un costo de G. 2.099.475.00, según la fiscalía.
Sostiene que el presidente del Indert había anulado la resolución.
La fiscalía sostiene que mediante una declaración falsa Speranza logró ser considerado beneficiario del Estatuto Agrario, y el 12 de agosto de 2008 obtuvo la adjudicación del inmueble.
Por este motivo, pidió que la causa se eleve a juicio oral y público por el delito de estafa.
Los puntos llamativos
La relación de Marcial Speranza con el diputado colorado José María Ibáñez es uno de los puntos llamativos de este caso. Speranza es considerado operador político de Ibáñez y en ese contexto se le asoció con sus labores en la Justicia Electoral y en la Cámara de Diputados.
La fiscalía recibió la información de que la esposa de Ibáñez, la abogada Lorena Plabst, pagó la publicación del edicto por la mensura judicial del inmueble.
Inclusive recibieron la información de los vecinos de que la propiedad en realidad pertenecería a Ibáñez y que por ese motivo lleva la denominación de Victoria, nombre de la hija de Ibáñez.