Funcionario de Copaco sería clave en causa del negociado con balas

Llama la atención que Cañete haya adquirido de la firma Comtecpar las municiones, que se trajeron al país a nombre de la Corte, por G. 26 millones. Lo invertido por las balas no se compadecería con el salario que el mismo percibe como funcionario de la Copaco. Este es otro punto que tendría que llamar la atención de los fiscales Federico Delfino, Sandra Quiñónez y Francisco Ayala, que fueron asignados por el fiscal general, Javier Díaz Verón, para investigar la denuncia de presunto tráfico de armas.

El nombre de Cañete saltó del informe que Carlos León, presidente de Comtecpar, entregó a la fiscalía y también a nuestro diario para justificar dónde fueron a parar el resto de las balas (9.500) que se importaron de más. La Corte solo adjudicó 3.000.

León informó que otras 3.000 municiones vendió a la casa comercial Yamgo, de Asunción; 620 unidades al Regimiento Escolta Presidencial; 200 a Luigi Piccolo y 20 a Gonzalo Salsamendi.

Aseguró que todavía quedan 3.640 municiones que están en los depósitos de la Dirección de Material Bélico, Dimabel, cuyo director es el general Carlos Campos Krauer.

León afirmó que las balas pueden ser comercializadas a civiles y que para ello consiguió la autorización del Registro Nacional de Armas a cargo del teniente coronel Óscar Villagra.

Sin embargo, por otro lado se asegura que las municiones no pueden ser vendidas a civiles y que fueron importadas para órganos se seguridad del Estado. Además de la Corte se trajeron armas y balas para los ministerios de Justicia, Defensa Nacional y del Interior.

Cañete, en conversación con ABC, dijo que compró las municiones para su uso. Aclaró que no es para su reventa.

De acuerdo a fuentes, los que aparecen en la lista de León serán citados por el Ministerio Público para prestar declaración.

Las presuntas vinculaciones

Hugo Cañete tendría una muy estrecha relación con Carlos León, cuya empresa Comtecpar provee armas y municiones solo a los órganos del Estado, según declaró ante Dimabel, cuyas autoridades estarían salpicadas por el presunto negociado.

La denuncia de la comercialización de las balas importadas a nombre de la Corte fue formulada por Rubén González Peralta, otro de los accionistas de la firma. Este aclaró que tiene un pleito judicial en el fuero civil con su socio León.

La Corte había solicitado a Fiscalía que indague el caso.