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La preliminar está prevista para las 08:30, en el juzgado de garantías a cargo del juez Humberto Otazú.
Centurión, sindicado como “cerebro” del megafraude, y Berthand han sido acusados por asociación criminal, cuya expectativa de pena es de hasta cinco años de pena privativa de libertad.
Los demás acusados por asociación criminal son Delia Segovia (esposa de Centurión), José Acosta Gamarra, José Novais Aguilar, Justo Santacruz Benítez, Luciano Miranda Chaparro, Sidney Schiochet, Walter Hermosa Darmany, Carmelo Álvarez Mascheroni y Juan Cañisa Chaparro.
La acusación presentada por los fiscales René Fernández, Victoria Acuña y Aldo Cantero sostiene que estas personas se asociaron para crear y poner en funcionamiento una estructura legal (empresas/sociedades) de fachada, para burlar el pago de tributos.
Es decir, las firmas tenían existencia legal y tributaria, pero sin aparente actividad económica o social razonable o real que sustente las supuestas operaciones de prestación de servicios y enajenación de productos por sumas varias veces millonarias.
La acusación precisa que las evidencias incautadas en distintos allanamientos, cuyo inventario determinó la existencia de 277 personas físicas y jurídicas que habrían contratado con las empresas vinculadas, entre los cuales se tiene cuantificada una facturación total de G. 336.761.612.562, que surge de 2.553 facturas emitidas e inventariadas, fortalecen la sospecha de que los imputados facilitaban a contribuyentes la adquisición de facturas contables con las más diversas finalidades, desde el sustento legal de productos o mercaderías ingresados al país sin el pago de gravámenes aduaneros, el uso de esos documentos en la contabilidad de personas físicas o jurídicas con la finalidad de su presentación ante la SET u otros entes públicos o privados.
MILLONES RECUPERADOS
Este proceso se inició a partir de una denuncia realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que denunció a 310 empresas, con facturas por valor de G. 336.000 millones (US$ 65,2 millones). Hasta junio pasado, el fisco ingresó en concepto de impuestos, multas y recargos G. 106.000 millones (US$ 20,5 millones) que fueron abonados por las empresas involucradas, según datos oficiales. La multa aplicada en los casos comprobados es de 300% del valor evadido.