Con G. 700.000 se legaliza el robo en nuestro país

Legalizar en Paraguay un auto robado en Europa cuesta apenas G. 700.000. No existe ningún control sobre los documentos.

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El importador puede presentar una factura cualquiera, de una empresa que ni siquiera existe, más el conocimiento de embarque, pagar una multa, y tiene arreglado el asunto. Los consulados solo se limitan a sellar los documentos que se les acercan, y si este paso no se cumple en origen, se consigue el aval correspondiente en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De esta forma, más de 200 vehículos robados en Europa ingresaron y se comercializaron en Paraguay, y el comprador final, en la mayoría de los casos, no tiene idea de la procedencia real y, en estos momentos, existe una posibilidad real de perder su inversión en el rodado.

Más de 200 vehículos, entre motocicletas, camionetas de las más costosas marcas como BMW, Audi o Mercedes Benz robados en Europa, fueron comercializados en nuestro país.

La mayoría de los rodados está a nombre de particulares, que probablemente no tienen idea de la procedencia de su vehículo. Mientras otros tantos están aún a nombre de los importadores.

Según una lista a la que tuvo acceso nuestro diario, el importador Osvaldo Salomón Morínigo tiene en su poder 26 rodados de las más variadas marcas. Morínigo es una de las personas que se dedican a la venta de vehículos usados, que fue beneficiado por la Corte Suprema de Justicia para ingresar al país rodados con más de 10 años de antigüedad, que es el tope establecido en una ley.

Otro importador cuyo nombre aparece con frecuencia es Gustavo Stanley, procesado e imputado ya por la fiscalía en un caso de comercialización de vehículo robado en Argentina.

La absoluta falta de control en la importación alienta el ilícito. Según una fuente fidedigna, la mayoría de los vehículos llegan sin la factura comercial. El documento se fabrica aquí. Se inventa un nombre de fantasía y se presenta en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde pagando la suma de G. 700.000 se logra el aval correspondiente para iniciar los trámites de titulación.

El otro documento necesario es el conocimiento de embarque. Los consulados instalados en ciudades donde se origina la carga, ni siquiera constatan la veracidad o la legalidad de los documentos. Solo cobran el arancel y colocan el sello correspondiente.

Lo mismo ocurre cuando el cargamento llega al puerto de reembarque, en este caso, Montevideo.

En los “conocimientos de embarque” se declara cualquier cosa. La frase más utilizada es “bultos personales”.

Un funcionario de Aduanas cuyo nombre mantenemos en reserva reconoció que es responsabilidad de la institución verificar el cargamento; sin embargo, se hace la vista gorda.

Aduanas inició una investigación interna para determinar la responsabilidad de sus funcionarios.

La fiscalía barrial de Zeballos Cue, a cargo de Víctor Maldonado, tiene a su cargo la investigación del caso de autos robados en Europa. La denuncia fue presentada ya en abril por la Dirección Nacional de Aduanas a cargo de Nelson Valiente. En la lista figuran vehículos lujosos, cuyo precio en el mercado oscila entre los 80.000 y 120.000 dólares. Otros dos casos, pero de vehículos robados en Mercosur, también están en proceso de investigación, a cargo de Carmen Gubetich y Cristian Bernal.

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