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El monstruoso sistema funciona a la perfección con la activa participación de fun- cionarios públicos de los países fundadores del Mercosur. La venta de autos robados, con documentos falsos, complementa el esquema de “integración comercial”.
Cuando en marzo de 1991 los entonces propulsores del Tratado de Asunción firmaron el documento que dio origen al Mercado Común del Sur (Mercosur), que incluyó a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, no sabían que el sueño de tener un comercio fluido, sin trabas burocráticas, se haría realidad hoy, a 23 años de aquella firma, pero con el comercio ilegal; ya sea de contrabando de mercaderías o la venta de autos robados.
En la zona del puente de la Amistad y de las Tres Fronteras, todo funciona como un reloj suizo. A la madrugada, salen desde Vila Portes, una conocida avenida de Foz de Iguazú, decenas de furgonetas cargadas al tope con productos de contrabando hacia el Paraguay.
Los vehículos pasan, sin problema alguno, por el puesto aduanero del Puente de la Amistad del lado paraguayo, que actualmente está a cargo del administrador Nelson Mancuello. La mayoría de los productos que llegan a Ciudad del Este son pollo, huevos, aceite, azúcar, y se comercializan en el mercado central de la ciudad.
Desde Argentina, las mercaderías llegan también en furgonetas, pero a través de balsas que desembarcan en la Aduana de Tres Fronteras, que tiene como administrador a Óscar Báez. Desde allí, meten los principales productos argentinos que son el aceite, también azúcar, un poco de harina y principalmente los frutihortícolas como naranja, tomate, zanahoria, cebolla, papa, etc.
Para completar este “proceso de integración comercial”, desde el lado paraguayo van de contrabando al Brasil y a la Argentina miles de productos de electrónica y cientos de miles de cigarrillos en viajes diarios. Ambos productos se embalan con cinta negra para hacerlos pasar en lanchas desde algún punto de la zona del lago Itaipú.
Los electrónicos llegan a Paraguay desde China por el aeropuerto Guaraní y de allí se distribuyen a los puntos de venta de la zona fronteriza con Brasil. Solo para tomar una referencia, según registros oficiales de importación, desde 2012 hasta junio de este año Paraguay importó 33 millones de unidades de aparatos celulares. De esta cantidad, el 90% es de origen chino.
Todo el esquema está montado desde hace años y del mismo participan agentes de la Aduana paraguaya, de la Receita de Brasil y de la Gendarmería Argentina, instituciones que son las responsables de resguardar el tráfico ilegal de mercaderías de un país a otro.
Como para ratificar aquello del “Mercado Común de lo Ilegal”, nuestro diario viene publicando desde hace una semana el caso de los autos robados en Argentina y Brasil y que son comercializados en nuestro país sin mayores problemas. Hasta el momento, son unos 70 los vehículos investigados por los fiscales Carmen Gubetich y Cristian Bernal.
La Dirección de Aduanas a cargo de Nelson Valiente es la principal institución responsable de combatir el contrabando. Sus autoridades aseguran que este año ya se decomisaron productos por importe de G. 78.000 millones. La fiscalía, sin embargo, se queja de la falta de colaboración para castigar a los responsables del ilícito.
Las Fuerzas Armadas, a través de la Marina, dependiente del Ministerio de Defensa a cargo del Gral. SR. Bernardino Soto, es responsable del control de la navegación. A diario, en sus narices cruzan lanchas, ya sea por el río Paraná como el Paraguay, con importante cantidad de mercaderías de contrabando de Argentina y el Brasil.
La Policía Nacional, que tiene como máxima autoridad al ministro del Interior, Francisco de Vargas, también forma parte del esquema de control de contrabando. Existe una unidad especializada de Delitos Económicos. Integra la Unidad Interinstitucional (UIC) creada por decreto en noviembre del 2013, para hacer frente al ilícito.
El Ministerio de Industria, a cargo de Gustavo Leite, también forma parte del esquema de control que debe funcionar para frenar el ingreso ilegal de mercaderías. El viceministro Pablo Cuevas, coordinador de la Unidad Interinstitucional, dijo que hay una “avalancha incontenible” de contrabando y la UIC no tiene presupuesto.
Fotos: Raúl González
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