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Si bien en año y medio no fue llevada a la práctica, lo que supondría una debilidad de gestión, ello no significa que esta legislación no pueda ser administrada con eficiencia y transparencia en base a las facultades constitucionales otorgadas al Ejecutivo, como originalmente estaba prevista.
Esta modificación de la APP en el Senado muestra la extrema dependencia de las reglas de juego institucionales por parte de la coyuntura política y el sesgo ideológico. Esto es más que preocupante, y más aun en un país con extremo atraso en infraestructura.
La Ley de la APP es una regla de juego que el Estado paraguayo publicitó al mundo para atraer capitales. Y como ocurre en cualquier lugar, la iniciativa empresarial solo se pone en marcha cuando percibe información certera por parte del sector gubernamental.
Si la información dada por la legislación otorga predecibilidad y seguridad, entonces los factores de producción como el capital y el trabajo se fusionan armoniosamente. De esta manera se mejoran las condiciones de vida de la gente, mediante más puestos laborales, aumento de los salarios y con el efecto multiplicador sobre la economía en su conjunto.
El capital invertido requiere del retorno del mismo y solo puede darse si las reglas son vistas como a largo plazo, de modo a que el costo del capital primariamente establecido no tenga posteriores agregados. Si los agentes económicos se percatan de esos agregados que se configuran en nuevos costos amparados en la subjetividad de las conductas políticas de redistribución de dinero, inmediatamente surge la incertidumbre que no hace más que espantar al capital que así luego busca otros lugares donde establecerse.
Un ejemplo sencillo al respecto explica mejor lo anterior. La APP ya contaba con varios proyectos multimillonarios para invertir en infraestructura en el país; pero que por términos de confidencialidad no estaban aún siendo conocidos y cuyos costos relacionados a estudios de factibilidad son altísimos (casi el 3 por ciento del total a invertir) y que en gran parte ya ha sido sufragado. ¿Qué empresa deseará ahora invertir si sabe que el proyecto necesariamente deberá pasar por la aprobación del Congreso y en cada caso?
Lo que el Senado ha hecho es emitir una señal de alerta a los mercados internacionales y calificadores de riesgo. Lo que podría haberse invertido, ahora ya no vendrá o se retirará para no volver. De ahí la importancia de las reglas institucionales como en efecto sucede con leyes como la APP, la que aprobada por mayoría en su momento, hoy está desmembrada por la coyuntura electoral y por el sesgo ideológico.
La realidad es que por el capricho e ignorancia de algunos y por las malas ideas de otros se siguen poniendo palos a la rueda del progreso. Mientras tanto, la clientela política surgida de la pobreza debido a la falta de inversiones va creciendo como una masa electoral proclive a la demagogia y el populismo.
(*) Decano de Currículum UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado” y “Cartas sobre el liberalismo”.