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Dicho esto, conviene recordar que la emergencia educativa no se decretó porque alguno de los poderes del Estado haya tomado conciencia de que era justo y necesario atender el problema educativo, sino que para que se produjera los estudiantes tuvieron que batallar, tanto este año como el pasado, viéndose obligados, finalmente, a provocar una crisis ministerial para que se escucharan sus demandas.
También conviene tener muy presente que esta emergencia educativa no la produjo un terremoto, ni una inundación ni ninguna otra catástrofe natural, sino la acción humana, unas acciones criminales que ponen en riesgo el futuro, la salud y hasta la vida de estudiantes y docentes.
Las verdaderas causas de la emergencia educativa, de las aulas ruinosas o inexistentes, de los alumnos sin sillas ni pupitres, las conocemos todos: un auténtico tsunami de mala administración, derroche y malversación de los fondos del Fonacide y los royalties, destinados por ley a las infraestructuras educativas.
Coincidí con la senadora Blanca Ovelar y coincido ahora con el ministro Enrique Riera en que esos fondos tienen que estar bajo un control estricto y no depender exclusivamente de la voluntad, la capacidad y la honestidad de las administraciones locales, que hasta el momento se ha mostrado inexistente en la gran mayoría de los intendentes y gobernadores.
La descentralización es una buena idea; pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. No se puede dejar un dinero tan abundante y tan necesario en manos de incapaces o de corruptos; y solamente la incapacidad o la corrupción pueden explicar un resultado tan catastrófico de los fondos para infraestructuras educativas.
El otro aspecto sin resolver del problema está en el Poder Judicial y es la impunidad. Para la justicia no parece haber responsables de la malversación de dinero público destinado a infraestructuras educativas, ni siquiera cuando, como en el emblemático caso de Lambaré, las escuelas se vienen abajo con alumnos y maestros adentro; en cambio, cuando el Ministerio Público acusa a algún intendente o gobernador por malversación, “se utiliza el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como un garrote para amedrentar a los fiscales”, como afirmó tajantemente el senador Adolfo Ferreiro.
Volveré a decirlo: ha hecho bien el Gobierno al declarar emergencia educativa por el catastrófico estado de las escuelas y colegios. Es mucho más que razonable: justo, necesario y urgente. Sin embargo, también es insuficiente, porque las escuelas ruinosas son apenas el síntoma de una enfermedad mucho más grave: la impunidad con la que actúan todos aquellos que mal administran y derrochan el dinero ya sea por torpeza o, aún peor, por corrupción.
rolandoniella@gmail.com