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Casi todos los ministros de Macri provienen de la alta gerencia de empresas locales o transnacionales, tal como el primer anillo de Cartes está integrado por gerentes de su grupo de empresas. La capacidad técnica, la competencia, la planificación estratégica y la obsesión por la rentabilidad de los negocios son características habituales de los ejecutivos del sector privado. ¿Las mismas son también exigibles y compatibles con la dirección de instituciones públicas?
La respuesta no es sencilla. Necesariamente habrá que distinguir caso por caso. En teoría, no debería haber problemas porque la capacidad, la eficiencia, la planificación y los logros económicos son deseables en cualquier ente estatal. Sin embargo, los problemas pueden surgir desde dos fuentes: la corrupción y la ausencia de una visión del pueblo como protagonista y no como mero consumidor.
La corrupción es una enfermedad que no distingue clases sociales, capacidad profesional ni ideologías políticas. Cuando se trata del manejo del dinero del Estado, hasta el más burro se ingenia para desviarlo hacia su bolsillo y los grandes ejecutivos tienen mayores recursos para incrementar sus fortunas a costillas del fisco. La ética y la honestidad no están ligadas a ningún título ni experiencia gerencial.
La otra dificultad es más compleja. Los gerentes de grandes empresas están consustanciados con una visión de mundo de corte capitalista y mercantil: nada es gratis, todos deben esforzarse, competir y los mejor dotados van acumulando los beneficios mientras los desvalidos y los débiles van siendo excluidos del proceso.
Se necesita ser algo más que empresario para comprender que el país no es una empresa privada sino una comunidad de personas con muy diferentes bagajes y características individuales y que el gobierno debe preocuparse por todos y cada uno de los ciudadanos. El objetivo central de la política debería ser el progreso de todo un pueblo, incluyendo a los sectores habitualmente marginados, y no exclusivamente el aumento del ingreso de divisas por la mayor exportación de carne o soja.
Ojalá los empresarios metidos en política aprendan rápido esta lección y cambien su perspectiva de modo que conciban la gestión del Estado como un motor impulsor del progreso de todos los habitantes de una nación, empezando por los más necesitados, por los que a veces comen y a veces no, por los que subsisten como pueden en terrenos inundables o en carpas de hule al costado de las rutas. Ellos también son sangre de nuestra sangre y merecen una oportunidad para vivir mejor.
Ciertamente, los empresarios pueden ser buenos políticos; ya tienen herramientas importantes para serlo. Lo ideal es que también sean honestos, eficientes y sensibles a las necesidades de tantos compatriotas hasta ahora olvidados por el Estado.
ilde@abc.com.py