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Un país puede sobrellevar un mal Poder Ejecutivo, a condición de que la Justicia funcione correctamente. Hoy mismo tenemos un claro ejemplo de ello: sin la Justicia norteamericana, Trump sería una catástrofe para Estados Unidos y, de paso, para el mundo entero.
Un país puede afrontar la eventualidad de un mal Poder Legislativo, siempre y cuando la justicia funcione correctamente. Aquí, mucho más cerca, tenemos el caso de Brasil donde los jueces y fiscales están impulsando una limpieza no solo del gobierno, sino también del Parlamento y, por supuesto, de sus aliadas, las empresas coimeras del sector privado.
Un país puede combatir eficazmente a los grupos armados, a las mafias y a la delincuencia callejera, a condición de que su Justicia funcione correctamente. Siempre existirá el delito pero, cuando la Justicia actúa correctamente, al menos los ciudadanos sienten que los tribunales están para castigar culpables y proteger inocentes y no para facilitar chicanas y amparar delincuentes.
En contrapartida, ningún país puede sostenerse y prosperar con una mala Justicia, aun si tuviera un buen gobierno y un buen Parlamento; porque son sus fiscales, sus jueces, sus tribunales, sus ministros de la Corte, los encargados de velar por la igualdad ante la ley, de diferenciar los actos legales de los ilegales, de amparar a los inocentes y castigar a los culpables, de proteger la vida y la propiedad de las personas y de garantizar la vigencia de las libertades públicas.
Si en un país no funciona la Justicia, entonces el Estado comienza a estar ausente, los gobiernos ordenan y mandan demasiado, pero gobiernan y administran muy poco; los parlamentos elaboran leyes que no se cumplen y dejan de representar la voluntad de los ciudadanos.
Todo ello en el supuesto caso de que Ejecutivo y Legislativo estuvieran integrados mayoritariamente por personas eficientes y honestas, pero eso también es poco menos que imposible si la Justicia no funciona; porque, si la Justicia no hace su trabajo, es demasiado grande la tentación de convertir los cargos y la autoridad, que deberían ser un servicio público y una responsabilidad, en un privilegio personal y en un negocio privado. Ya se sabe que el poder corrompe.
¿No les suena todo esto familiar? ¿No se parece demasiado al Paraguay actual? No hace mucho me contaron un chiste que seguramente es injusto con aquellos jueces y fiscales que se toman en serio su trabajo; pero que refleja el estado de opinión de los ciudadanos comunes sobre la Justicia: “En Paraguay todos los delincuentes son inocentes hasta que no queda totalmente demostrado que se les terminó el dinero mal habido”.
Los integrantes de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura deberían tomar nota de la opinión que al ciudadano promedio le merece la Justicia Paraguaya, de la que esas dos instituciones son las principales responsables. También sería bueno que la Fiscalía de la República se dé por enterada.
Una última reflexión a modo de ejemplo: los estudiantes de ¡UNA, no te calles!, dos años atrás, hicieron lo que había que hacer para logar un cambio que consistía básicamente en mejor enseñanza y menos robo. Había pruebas más que suficientes de malversación, nepotismo, destrucción de archivos y falsedad documental.
Sin embargo, la Justicia paraguaya, sin la menor vergüenza, decidió no respaldar los derechos de las víctimas, los estudiantes; sino proteger la impunidad de los victimarios, las autoridades académicas. Así que no solo no se castigaron delitos evidentes; sino que, además, la necesaria reforma de una de las peores universidades del mundo quedó en la nada… Hay días que envidio mucho al Brasil y a su Justicia, que no duda en acusar y no vacila en procesar ni a los más poderosos. ¡Esos sí que son Fiscales. Esos sí que de verdad son Magistrados!
rolandoniella@gmail.com