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La Urbana Rural SA, del Filántropo Andrés Barbero, era la propietaria de estas tierras, hasta que en 1951, después de la muerte del Dr. Barbero, sus herederas decidieron donar 9 leguas cuadradas de la propiedad al Gobierno de Italia para un asiento de inmigrantes de ese país, conforme era la voluntad del difunto. Serían unas 20.978 hectáreas, según la unidad de medida que usamos hoy.
En la donación se previó descontar parte de las tierras que en ese momento ya estaba ocupada por terceros. Así, el inmueble fue inscripto en los Registros Públicos como finca 231, padrón 682, a nombre de Italia, con una superficie de 17.343 Ha. Como la donación se hizo cuando aún regía la Constitución de 1940, que permitía a un Estado tener tierras en otro Estado, quedó esa fracción a nombre de Italia. Pero como en la siguiente Constitución (1967) eso ya no era posible, comenzaron intentos de regularización de la propiedad.
En vista de que no se llegó a instalar la comunidad de inmigrantes italianos en el sitio, los paraguayos comenzaron a ocuparlo. Varias décadas después, en 2012, a través de un Tratado Internacional, el Gobierno de Italia dona la finca 231 al Estado paraguayo. Sin embargo, no lo hace para un uso arbitrario del inmueble, sino que se deja expresa constancia (Art. 2), que es para los ocupantes de hecho, sujetos de la reforma agraria.
Hoy, el inmueble es ocupado por varios grupos de compatriotas, entre ellos pequeños productores agrícolas y empresarios agroganaderos, comerciantes y pobladores dedicados a otros rubros (habría incluso políticos), pero digamos que la mayoría responde a la primera distribución.
En el grupo de pequeños productores agrícolas se conformó hace un par de años la comisión vecinal “Un Pedacito de Italia”, que gestiona una mensura judicial que determine la superficie real y quiénes la ocupan. Esta agrupación fue reconocida por la comuna de San Pedro de Ycuamandyyú, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y según resoluciones judiciales, incluyendo Cámara de Apelación, tiene legitimación activa, es decir, el reconocimiento para intervenir como demandante en un proceso jurídico.
En el grupo de empresas están las agroganaderas La Blanca, Vista Alegre, Nicasio Acosta e Hijos y otras, que alegan “superposición de títulos”. Supuestamente, hasta una de las firmas de Horacio Cartes estaría ocupando parte de la colonia.
Estas empresas se vienen oponiendo sistemáticamente a la mensura solicitada por la comisión “Un Pedacito de Italia”, pese a que esa medición no da ni quita derechos a nadie. Entonces, cabe preguntarnos ante todo este panorama si qué temen las firmas que explotan Barbero Cue y también si en verdad sus títulos son 100% legítimos y están en el lugar físico indicado por sus documentos. Si la respuesta fuese sí, ¿por qué se oponen a la mensura, que no les debería suponer ningún perjuicio?
La mensura judicial en Barbero Cue debe hacerse, para dilucidar quiénes ocupan la colonia y si lo hacen legítimamente. La propiedad privada tiene que respetarse, pero si hay títulos con origen ilegítimo, la situación debe corregirse por el bien de todos.
gbenitez@abc.com.py